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Publicado en OPINIÓN

Consulta

Domingo, 11 Octubre 2020 22:12 Escrito por  Pedro Chuayffet

En una polémica decisión, la Suprema Corte validó la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Modificaron la pregunta y la hicieron confusa, mostrando colmillo para no quedar como quienes se oponen a un potencial combate a casos que duelen a la mayoría de los mexicanos, pero consiguiendo también evitar que el ejecutivo transmita con claridad lo que desean. Ante esto Santiago Nieto, titular de la UIF, declaró que únicamente podría enjuiciarse a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón al haber prescrito lo sucedido en cualquier otro sexenio. A pesar del rumbo que han tomado las cosas todavía hay muchas incertidumbres, inicialmente al no conocerse el alcance de las investigaciones, también por la fecha de la consulta, los resultados y si habrá un combate frontal en caso de que la gente elija el juicio.

Sin embargo, no podemos únicamente evaluar la perspectiva legal, es preciso comprender porque se esta procediendo de esta manera habiendo tantos delitos revelados por la prensa en años pasados y teniendo la legitimidad para actuar sin perder capital político. La respuesta obedece a la narrativa del gobierno, la proximidad de las siguientes elecciones y el evidente desgaste por la dura crisis que padece México. López Obrador sigue siendo el político más popular de México y la consulta pretende traducir esto en la consolidación del proyecto político de MORENA en las urnas el próximo verano.

Es la vía para aparecer en las elecciones, hacer campaña y jalar votos con su carisma ante la evidente ausencia de líderes nacionales en su partido o en la oposición. La consulta es la forma de ser parte de unas elecciones en las que el presidente ya no podría participar, y de capitalizar con este tema sensible la ausencia de opositores capaces de representar genuinamente los anhelos de las mayorías en esta terrible depresión económica. Lo correcto es llevar a la justicia a quien haya fallado en sus responsabilidades como funcionario, sin consulta y con la firme intención de hacer justicia para el pueblo de México.

La consulta sobra y la mayoría de los mexicanos está consiente de ello pero, conocedores de anteriores casos de corrupción estarán a favor en cuanto tengan en una boleta la posibilidad de escoger un juicio. No es correcto lucrar con la aplicación de la ley para obtener beneficios electorales, pero parece que resultará efectivo para inclinar la balanza en el 2021.

Es indudable que la ley no debe someterse a consulta y que sería correcto, habiendo tantos casos de corrupción en el pasado, proceder como indica la Carta Magna en representación y defensa de los mexicanos, sin que existiera una elección de por medio. Pero el ejecutivo, conociendo su desgaste en el manejo de la economía y la pandemia, aprovechará la falta de opositores serios para involucrar el combate a la corrupción en el próximo proceso electoral y conseguir otra victoria en las urnas. Quedan muchas variables por despejar, pero si podemos presagiar un beneficio electoral directo al incorporar a la población en una decisión que debieron tomar muchos presidentes y que el actual pudo haber determinado desde el comienzo del sexenio.

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