Evelyn Osornio, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), aseguró, al leer el dictamen ante el pleno, que el aval no exime de responsabilidades por las irregularidades cometidas en contra de la hacienda pública estatal.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que, pese a la resolución del Tribunal y las reuniones que se han tenido entre él y el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Felipe Puente, con los integrantes del cabildo y actores políticos del municipio para facilitar la protesta, no se ha logrado alcanzar un acuerdo.
Los legisladores coincidieron en que este proceso no es sencillo, pues se trata de trámites ante dependencias estatales y federales cuyos costos en muchos casos son elevados.
Sibaja González incluso planteó la creación de una Unidad de Investigación Financiera, mientras Ortega Álvarez consideró que las 6 mil 217 observaciones a los entes fiscalizables son un foco rojo.
Para atender la matrícula escolar más grande del país, expuso, se contempla un incremento de 10 mil 100 millones de pesos para el sector educativo. También hay un aumento de 5 mil 800 millones de pesos para el sistema de Salud y de mil 700 millones de pesos en combate a la pobreza.
La diputada Luz María Hernández, autora de la “Ley Ocaña”, destacó la necesidad de aumentar la pena tras la difusión, por parte de elementos de seguridad pública de Cuautitlán Izcalli y paramédicos, de las imágenes de “Benito Rivers” (personaje de la comedia de televisión ´Vecinos´, a quien Octavio Ocaña daba vida) en el momento de su muerte.
La morenista Mónica Álvarez, autora del punto de acuerdo, afirmó que la decisión no fue consultada a los titulares de los negocios afectados, catapultó la presencia del comercio informal y fomentó la comercialización de bebidas embriagantes en Los Portales.
La iniciativa de la diputada Silvia Barberena expone que la ausencia de universalidad en las políticas sociales afecta principalmente a los más pobres, pues no garantiza a todos los ciudadanos determinadas protecciones o beneficios que se consideran necesarios para que participen plenamente en la sociedad en que viven.
Desde su punto de vista, la creación de un padrón completo y actualizado sobre el número de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en la entidad es una obligación del Estado.
La petición fue planteada por el legislador a través de un oficio dirigido al mandatario estatal, a quien solicitó convencer a los diputados del tricolor de respaldar la iniciativa que promovió en septiembre pasado, con el objetivo de establecer límites salariales en la administración pública.
