Tres Pm

En sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que los efectos de esta invalidación son generales, no sólo en materia de transparencia y caerá “entre las partes”, es decir, sobre el el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Poder Ejecutivo, que a su vez está a cargo de las secretarías o dependencias.

INAI considera que decreto representa una restricción al acceso a la información relacionada con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

La Ministra Norma Piña confirmó la autenticidad de los mensajes enviados por WhatsApp al Senador Alejandro Armenta, pero negó que sean una amenaza.

Esto se dio al analizar la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra de dicho acuerdo presidencial que entró en vigor en noviembre de 2021.

El mandatario mexicano habló sobre los sueldos que tienen algunos funcionarios que frenaron el "Plan B"

“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido”, expuso en tribuna durante el debate denominado 'El golpismo de la SCJN'”.

Por medio de sus redes sociales, el secretario de Estado indicó que el pueblo mexicano ha buscado recuperar la confianza en las instituciones; sin embargo, condenó que la Suprema Corte haya decidido, presuntamente, perseguir intereses particulares.

Si este recurso se hubiera aceptado, el análisis de este asunto en el máximo tribunal habría tenido que suspenderse y asignar su estudio a otro ministro, lo que al final no sucedió.

"El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión", aseguró el gobierno en un comunicado.

La Corte determinó que en la sesión del lunes resolverá las impugnaciones sobre la primera parte del plan B de la reforma electoral y no las de 2018.