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La decisión que afecta a 384 hectáreas fue avalada por los diputados locales en julio del 2021 e impugnada por el abogado Gerardo Fuentes, quien arguyó que el Congreso carece de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrió en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.

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