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La diputada Paola Jiménez Hernández, autora de la iniciativa, advirtió que la omisión de esta obligación podría implicar responsabilidad administrativa o penal, de acuerdo con la legislación vigente, que contempla sanciones de hasta 30 años de prisión. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes* para obligar a las autoridades educativas, de salud y administrativas a denunciar todo embarazo en menores de 15 años como posible caso de violencia sexual. Sanciones por omitir denuncias La diputada Paola Jiménez Hernández, autora de la iniciativa, advirtió que la omisión de esta obligación podría implicar responsabilidad administrativa o penal, de acuerdo con la legislación vigente, que contempla sanciones de hasta 30 años de prisión. La legisladora explicó que la medida busca romper el silencio institucional ante los casos de abuso sexual infantil, donde los embarazos tempranos suelen ser consecuencia directa de violencia. Cifras que alarman Jiménez Hernández recordó que en 2024 se registraron mil 628 víctimas de violencia sexual infantil en el Estado de México, de las cuales más del 92% fueron niñas. Además, se documentaron 56 mil alumbramientos de menores de 16 años, entre ellos mil 652 casos de niñas de entre 10 y 13 años. Protección integral y coordinación institucional La propuesta plantea que este sector tiene derecho a vivir libre de toda forma de violencia sexual, incluyendo abuso, acoso, explotación o cualquier acto que atente contra su integridad o desarrollo. También se prevé coordinación inmediata entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia, el sector salud y el sistema educativo para garantizar una atención integral, confidencial y especializada a las víctimas, con asistencia médica, psicológica y jurídica. Educación sexual y prevención El documento, turnado a comisiones unidas para su análisis, propone además fortalecer la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, con enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Las autoridades educativas deberán capacitar al personal docente y administrativo, elaborar materiales pedagógicos y promover la participación de madres, padres y tutores. Asimismo, se plantea crear protocolos claros para prevenir, detectar y atender el abuso sexual, incluyendo los entornos digitales. “Proteger a la infancia no es filantropía, es una obligación del Estado, de las familias y de todas y todos nosotros como representantes del pueblo”, subrayó la diputada Paola Jiménez Hernández.

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