Correa Hernández precisó que, en su mayoría, las mil 500 internas, con beneficio directo por la Ley de Amnistía, se encuentran en condición de vulnerabilidad por pobreza, al haber sido obligadas a delinquir, por abortar o por defender su integridad…
Los manifestantes externaban la necesidad de recibir la vacuna al estar expuestos al contagio, situación que podría impedir que se siga brindando un servicio adecuado a la población, “seguro social, patrimonio nacional”, decían.