Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La semana pasada, un ataque contra elementos de la Fiscalía del estado de Jalisco que buscaban los cuerpos de personas desaparecidas dejó seis muertos y más de una decena de heridos. El Comité condena el atentado, pide una investigación pronta y exhaustiva, e insta al país a poner fin a las desapariciones forzadas.
Ha pasado casi una década y media desde el hecho, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fincado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.
Los dos integrantes del GIEI, que todavía se mantienen activos en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años, sostuvieron que tienen pruebas de la existencia de este CRFI a pesar de que el general secretario Luis Cresencio Sandoval lo ha negado.
El presidente de la República informó que se está conformando un Consejo de asesores en materia migratoria donde se vigilará el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Este organismo participaría de manera honoraria el Padre Solalinde.
En las últimas semanas el grupo de mujeres ha presentado dos amparos ante los juzgados especializados en amparo y juicios federales en el Estado de México, uno en Toluca y otro en Naucalpan para exigir que se declaré la inconstitucionalidad del delito de aborto.
En la convocatoria se solicitó vestir ropa verde olivo, color característico del Ejército, por lo que varones, mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes salieron a las calles ataviados con vestimenta castrense,y para aquellas personas que no contaban con una prenda de ese tipo, no faltaron los vendedores ambulantes que ofrecieron al público gorras de estilo militar por 50 pesos.
La organización dio a conocer que realizó un ejercicio de análisis de los marcos normativos de los 125 ayuntamientos mexiquenses, y encontró que 116 incluyen esta falta administrativa que es empleada como herramientas para violar los derechos de la población LGBTI.
El gobierno federal mantenía recompensa de 10 millones de pesos por la captura de este hombre, considerado “uno de los principales perpetradores” de la desaparición forzada.
Damián Hernández enfatizó que el patriarcado está caracterizado por la dominación masculina hacía las mujeres en las sociedades, generando desigualdades entre géneros.
