Los padres de familia reprobaron el actuar de las Fuerzas Armadas y aseguraron que ha representado un obstáculo para el avance de las investigaciones.
Citó que la UIF compareció ante el juzgado donde fue citado el ex candidato presidencial, pero que fue diferida hasta octubre.
En conferencia matutina, el titular de la UIF, informó que el Gobierno de Peña a través de la PGR pagó un contrato de 32 millones de dólares por el software de espionaje telefónico en 2014, cuando Tomás Zerón era director de la Agencia de Investigación Criminal.
Los nombres de los operadores cercanos a Enrique Peña y que ahora son investigados son Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, quienes durante el Gobierno de Peña Nieto fungieron como Secretario Técnico del Gabinete y titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia, respectivamente.
Las pruebas de la Fiscalía para sostener estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.
La Fiscalía considera que el expresidente Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral; es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
Entre las auditorías entregadas está una a la gestión financiera de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)
