La iniciativa plantea reformar el Código Penal del Estado de México para tipificar como delito autónomo la manipulación, alteración o falsificación de pruebas en procesos judiciales, con sanciones más severas cuando la conducta sea cometida por servidores públicos.
El dictamen también conjuntó la iniciativa de Movimiento Ciudadano (MC), e implica eliminar el Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, y los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México.
La iniciativa de la diputada Silvia Barberena destaca que esta medida ya aplica para los autos particulares, y ahora se busca ampliar la disposición también para los vehículos dedicados al servicio del transporte público, en busca de minimizar la inseguridad.
Guadalupe Ramírez Peña, Comisionada del Infoem, señaló que al publicar en redes sociales fotografías, videos, viajes, logros académicos, compras, entre otras actividades, los usuarios exponen su capacidad económica.
Y es que el reporte señala que durante el 2022 se denunciaron 879 delitos más que en 2021, lo que representó un incremento del 2.6 por ciento.
Añadió que se realiza el operativo “Blindaje y Pegaso”, el primero de ellos para brindar auxilio vial y sobre todo tener la capacidad de respuesta ante cualquier llamado de emergencia, mientras que el segundo es para identificar las motocicletas que pudieran estar relacionadas con algún ilícito o tengan reporte de robo.
Sauza Martínez explicó que se ha apoyado a las empresas, principalmente a través de la instalación de botones de pánico para la conexión efectiva con el C5.
Lo habían despojado de su teléfono celular así como de una motocicleta, los asaltantes alcanzaron a escapar.
El legislador local indicó que ante el crecimiento de hechos delictivos y de la sensación de inseguridad de los ciudadanos, a veces las autoridades buscan “quien la pague y no quien la hizo”
