Según el documento, había ‘vínculos’ entre 'algunos elementos de la Policía Federal y el ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos'.
En caso de ser declarado culpable, Murillo Karam podría enfrentar hasta 82 años de cárcel, pena solicitada por la FGR.
El exfuncionario, titular de la Agencia de Investigación Criminal en 2014, es acusado de sembrar falsos indicios para respaldar la primera versión oficial sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Iguala Guerrero
En un comunicado de prensa, el funcionario indicó que ambas instancias federales están analizando el informe y darán cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador “de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El tabasqueño reconoció que no ha sido un asunto fácil el llegar a la verdad debido a que “había complicidades, había un pacto de silencio”, aunque aseguró que ahora “se está avanzando mucho”.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fue detenido, según confirmó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Los militares, entre ellos el Coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería, son acusados de los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.
Aunque recientemente no se ha realizado una comparecencia, con la participación de la Fiscalía y autoridades del gobierno de México, la condena la especificó la FGR mediante un informe dirigido a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Alejandro Rojas, abogado de José Luis Abarca, quien confirmó que el Tribunal puso punto final a la acusación que se hizo a su cliente por el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
