- La posibilidad de que en municipios mexiquenses se registre la obligatoriedad para el uso de cubrebocas en espacios públicos es una realidad más que tangible ante el alto nivel de contagio y movilidad que se registra en algunas zonas. El gobierno federal está muy lejos de intentar aplicar una ley marcial como ocurrió en otros países, y los gobiernos estatales no se arriesgarán políticamente a tomar una medida de ese tipo, tendrán que ser los municipios quienes se arriesguen a obligar a sus ciudadanos a reducir su movilidad y al correcto uso del cubrebocas, situación que se ve lejana, casi tanto como la salida de esta pandemia.
- Retomando las declaraciones de funcionarios de todos los niveles previos a la emergencia sanitaria, todo México estaba “preparado” para enfrentar al COVID-19, sin embargo, algo no estaba tan bien preparado, porqué los cientos de contagios en el sector salud se pueden entender, pero no justificar; los infectados dentro de la policía estatal ni se entienden, ni se justifican, tampoco en la FGJEM y en otras dependencias que se han visto afectadas por este tema. Entonces ¿estaban preparados o estaban simulando?
- ¿A quién conviene la denuncia contra Kenia Hernández? Claro que cualquier ciudadano al que lo despojen de sus pertenencias debe denunciar, pero 500 pesos nunca se compararán a las pérdidas de miles o hasta millones de pesos en cada toma de caseta. A menos que Conmex, una empresa vinculada a OHL, haya accedido de buena fe a investigar a la activista y a facilitar los informes de su investigación para que la procesen, porque a las concesionarias de autopistas lo que les sobra es buen corazón, ¿verdad?