Al ser cuestionado sobre su registro para una nueva encomienda, admitió que no se encuentra interesado en la presidencia municipal de Tultitlán ni en alguna diputación federal, de manera que su única opción es la reelección como diputado local.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México además busca ampliar las circunstancias que excluyen del delito y de responsabilidad penal, a fin de dar a la ciudadanía la certeza de que, si se defiende, no será criminalizada.
Los municipios que tendrán tarifas distintas a las del resto serán Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec.
La reforma fue aprobada el 24 de octubre de 2023 por la Legislatura local, y contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación integral del daño.
En la víspera del análisis del proyecto de primer paquete fiscal diseñado por la administración de la morenista Delfina Gómez, el priista se dijo preocupado, además, por el planteamiento de disminución en 21% del recurso solicitado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
El dictamen precisa que las auditorías realizadas por elOSFEM se encuentran en fase de aclaración, con el objetivo de subsanar las observaciones
Maurilio Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que el proyecto presentado por el gobierno estatal plantea 2 mil 762 millones de pesos para el IEEM, lo que representa 778 millones menos de lo solicitado por el órgano electoral estatal.
La iniciativa prevé, además, que si el acto diera como resultado un embarazo o el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la pena se aumentará hasta en una mitad; es decir, alcanzaría hasta 7.5 años de cárcel, y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La decisión que afecta a 384 hectáreas fue avalada por los diputados locales en julio del 2021 e impugnada por el abogado Gerardo Fuentes, quien arguyó que el Congreso carece de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrió en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.
Los cambios tienen su origen en reformas al Código Civil estatal promovidas por el grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el afán de preservar la dignidad de los niños presentados al momento de registrar actas de nacimiento.
