Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se inclinará a favor de la realización del ejercicio democrático.
Los consejeros aprobaron el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra
El proyecto, que se prevé discutir a las 10:00 horas, es del consejero presidente Lorenzo Córdova, quien señala que debido al recorte presupuestal, “se determina posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022”.
La agrupación "Que siga la democracia" entregó este jueves decenas de cajas con firmas al Instituto Nacional Electoral (INE). Deben reunir 2,75 millones de firmas, el 3 % de la lista nominal nacional, distribuidas en 17 de los 32 estados del país antes del 25 de diciembre.
La revocación será vinculante (procederá) cuando la participación corresponda como mínimo a 40% de la lista nominal y la votación sea por mayoría absoluta.
En días recientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el mandatario está legalmente imposibilitado para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato.
Esto, pese a que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el mandatario federal no puede pronunciarse respecto al ejercicio ni sobre la continuidad de su administración.
La ley, promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e impulsada por el propio López Obrador, permitirá realizar una votación a mitad de un sexenio al reunir firmas del 3 % de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados.
El presidente López Obrador criticó en semanas pasadas que la iniciativa no fuera aprobada en un periodo extraordinario
Esta percepción se desprende de la reunión que sostuvieron integrantes de las comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana para analizar tres iniciativas promovidas por Morena con miras a atender el mandato de la Legislatura federal para que los Congresos locales adapten su marco jurídico con el federal en materia de participación ciudadana.
