Entre las propuestas hechas por la sociedad civil que se buscan incluir en la Constitución local, a través del Parlamento Abierto, están: aprobar recursos para combatir la negativa de amnistía, el derecho a la autodeterminación personal y autonomía de las mujeres (que incluye la autonomía reproductiva), así como el reconocimiento de personas desplazas en la entidad por diversos motivos, como la violencia o el crimen organizado.
En este marco, 129 parlamentarios, durante la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección, analizaron 29 iniciativas, entre ellas la promovida por Juan Carlos Santiago Jiménez, quien consideró necesario eliminar como beneficiarios de Ley de Amnistía local a las personas indicadas, pero prófugas, al considerar que no se debe amnistiar a quienes se han sustraído de la acción de la justicia en un intento de eludir su responsabilidad. Por el contrario, dijo, estas personas tendrían que comparecer ante el órgano jurisdiccional, ser vinculados a proceso y tener certeza respecto a la reparación del daño de la víctima para que puedan ser beneficiarios.
También planteó que en el delito de abigeato se garantice la reparación del daño y que para el caso de aquellas solicitudes que sean desechadas por no cumplir con los requisitos, se contemple un medio ordinario de defensa para combatir las resoluciones, todo como parte del derecho constitucional al olvido. Esta propuesta logró 20 consensos, 6 disensos y 15 abstenciones.
En tanto, la parlamentaria Mariana Becerril consideró necesario el reconocimiento al desplazamiento forzado interno que puede registrarse por motivos religiosos, de violencia, conflictos políticos, megaproyectos o amenazas del crimen organizado, y considerar mecanismos y protocolos de actuación.
En el país, dijo Becerril, más de 345 mil personas han sido desplazadas, principalmente en Guerrero, Chiapas, Sinaloa. Detalló que en la entidad no hay una cifra precisa, pero es necesario identificarlos y crear mecanismos que ayuden a regresar a su condición anterior.
“La persona desplazada no cruza fronteras y (este fenómeno) crea una doble violación de derechos humanos, por ello es necesario visibilizar sus casos y legislar al respecto”, apuntó.
Esta iniciativa fue respaldada por el secretario de la Comisión, Mario Medina, quien consideró que el desplazamiento forzado en la entidad obedece al crimen organizado, pero también a megaproyectos y obras de alto impacto que han expulsado a la gente de sus territorios.
“Uno de los proyectos que ocasionó este desplazamiento fue el proyecto del Aeropuerto Internacional que pretendía hacerse en Texcoco, o en el Alto Lerma, con la autopista que conecta con Naucalpan, por eso en este esfuerzo para un nuevo pacto social se deben de abordar este tipo de temas”, indicó Medina.
Por su parte, el colectivo “Las Constituyentes Mx Feministas” planteó incluir en el artículo quinto de la Constitución local el derecho de autodeterminación personal y autonomía de las mujeres, que incluye la autonomía reproductiva, por tanto, respalda el derecho a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a decidir sobre su cuerpo mediante la despenalización del aborto, la prestación de los servicios y atenciones de salud públicos y privados, y el respeto al derecho sexual.
La propuesta logró 43 consensos, 32 disensos y 2 abstenciones.
El Parlamento Abierto además determinó que el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec) formule la mecánica y las fechas para llevar a cabo un foro sobre esta última iniciativa que causó controversia.