Los diputados locales aprobaron la obligatoriedad de los familiares de personas mayores para proporcionar a éstos alimentos, pagar gastos médicos extraordinarios urgentes, los medicamentos que requiera, y gastos por terapia o atención especializada en gerontología, geriatría y psicogerontología.
La decisión, parte del aval a la reforma al Código Civil del Estado de México, promovida por la petista Silvia Barberena, quien consideró necesario que éstas obligaciones se precisen, pues las personas en edad avanzada son un sector vulnerable que requiere apoyo y comprensión.
Estas necesidades aumentan, indico, cuando viven en condiciones de abandono, rechazo, maltrato, precariedad y discriminación, situaciones inhumanas de evidente injusticia individual y social que es necesario atender y compensar.
En la exposición de motivos, la legisladora expuso que las personas mayores representan más de 9% del total de la población, y enfrentan problemas económicos, acceso a servicios de salud y medicamentos, enfermedades crónico-degenerativas, discapacidad visual, auditiva y motriz que repercute en su autonomía, dependencia e interacción social.
La anterior, aunado al crecimiento en el abandono de los adultos mayores por parte de sus hijos y descendientes
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