El Congreso del Estado de México avaló las cuentas públicas estatal y municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2022, con la advertencia de que este hecho no libera de responsabilidades por el mal manejo del erario ese año.
El dictamen precisa que las auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) se encuentran en fase de aclaración, con el objetivo de subsanar las observaciones; concluida esa etapa, si éstas subsisten, serán turnadas a la Unidad de Investigación “para determinar si existe la comisión de una presunta falta administrativa grave o no grave”.
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Los morenistas Brenda Gómez, Azucena Cisneros, Isaac Montoya y Raúl Ponce precisaron que si las auditorías del OSFEM u otro organismo fiscalizador estatal o federal detecta, confirma o encuentra indicios de una presunta responsabilidad administrativa de funcionarios públicos en el referido ejercicio fiscal, se actuará conforme a derecho; es decir, se fincarán responsabilidades en su contra.
Entre los resolutivos relevantes establecidos en el dictamen está que el OSFEM “deberá informar trimestralmente” ante la Comisión Legislativa de Vigilancia del OSFEM, los avances que se tengan en las “auditorías especiales”, para dar respuesta oportuna a los ciudadanos que las solicitaron.
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Los integrantes de la comisión también acordaron la creación de una Unidad Técnica de Evaluación y Control que auxiliará a los diputados en el análisis y vigilará que el desempeño de los servidores públicos adscritos al OSFEM se apegue a la ley.
De igual manera, se acordó pedir a los gobiernos municipales que informen, justifiquen, funden y motiven a la Legislatura sobre las razones por las que algunos de sus Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, el Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan no están operando.
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En caso de que su inactividad sea por capacidad financiera, lo deberán precisar, sin dejar de salvaguardar el derecho humano de acceso al deporte y educación a través de las dependencias de la administración pública municipal.
Los criterios de Fiscalización establecen que los programas y su ejecución se tienen que ajustar a los términos y montos aprobados; y las cantidades a los ingresos, egresos, conceptos y partidas respectivas.
También se verifica que el cumplimiento de los programas autorizados y los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados, se aplicaron con la periodicidad y cumplieron con las formas establecidas por la Ley y demás disposiciones aplicables, y que los proveedores de los diferentes entes de gobierno cumplieron los compromisos adquiridos en los contratos.