Victorino Barrios, titular del Órgano de Control Interno (OIC) en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), admitió que prescribieron la mayoría de los expedientes relacionados con la "estafa maestra" y sólo tres de ellos se encuentran en investigación por parte de este organismo.
Al presentar su primer informe de labores a la Legislatura local, el contralor refirió que esta investigación originalmente periodística, que puso al descubierto la triangulación de recursos federales mediante varias Universidades, entre ellas la UAEMex, quienes subcontrataron empresas fantasma, dió origen al inicio de 51 expedientes administrativos.
No obstante, debido a la inacción por parte de la anterior contraloría universitaria, las faltas o posibles delitos acusados en 48 denuncias han prescrito debido a que involucran a autoridades de la administración 2012-2014.
A la fecha, sólo tres denuncias relacionadas con la subcontratación de servicios a empresas fantasma que datan de 2016-2017, se encuentran en investigación.
El funcionario refirió que esas administraciones recurrieron a la subcontratación de terceros entre 75 y 100 por ciento de las ocasiones, a pesar de que la ley sólo lo autoriza hasta en 45 por ciento de los casos.
Barrios Dávalos recordó que después de Odebrech, Agronitrogenados, y los señalamientos contra los ex presidentes de la República, la Estafa Maestra se encuentra entre los escándalos de corrupción más importantes del país, en los que se pugna por fincar responsabilidades y por reintegrar los activos desviados.
El funcionario designado por la Legislatura aunque con autonomía de gestión, refirió que en su primer año al frente del OIC radicó 321 expedientes que representan la cuarta parte de las denuncias realizadas; 40 de ellos por falta grave, entre los que se encuentran las tres investigaciones vigentes de la estafa maestra por daño a la hacienda pública federal.
También dos por desvío de recursos del Patronato Potros, una por daño a la hacienda pública estatal, otra por no enterar cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) cuyo adeudo llegó a superar los 3 mil millones de pesos, ocho por contratación indebida, conflicto de intereses, uso indebido de funciones y enriquecimiento oculto, 11 por acoso y hostigamiento sexual, y 15 por incumplimiento de las resoluciones del Instituto de Transparencia (INFOEM) o desatención a los requerimientos de la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codhem).
En el año que se informa también se radicaron 281 expedientes por faltas no graves, entre ellas la omisión en la presentación de declaraciones de bienes, de interés y/o fiscal, por violaciones a los procedimientos de adquisición, arrendamientos y servicios del sector público que no se apegaron a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En estos casos se está a la espera de las determinaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Justicia Administrativa (Trijaem) o la Fiscalía de Justicia estatal (FGJEM) como autoridades encargadas de definir las sanciones.
En 2021 el OIC en la UAEMex además resolvió 10 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, un recurso de reclamación, sustanció 14 procedimientos -tres de ellos por falta grave, los de la estafa maestra que se encuentran en etapa de impugnación ante el Trijaem-; nueve por la no presentación de declaración de intereses y patrimonial, y 2 por incumplimiento de la normatividad por parte de funcionarios de administraciones anteriores.
Además se desahogaron 27 de 38 auditorías que el ex contralor dejó pendientes, con lo que se recuperaron bienes muebles o su valor monetario; vehículos oficiales que estaban en posesión de los ex rectores Jorge Olvera y José Martínez Vilchis, y ya no se paga salario a ex rectores con licencia, como ocurrió con Olvera Torres a pesar de que para entonces se desempeñaba como comisionado de los derechos humanos.
Además, se enviaron a la Dirección de Investigación cinco informes por ingresos no depositados en Tesorería, incumplimiento de requisitos o permiso sin goce de sueldo, conflicto de interés o por no devolver o comprobar recursos.
También se iniciaron otras siete auditorías -algunas por denuncia, a petición del titular del área, o por programa-, de las que cinco concluyeron y dos están en proceso, que arrojaron observaciones como adjudicaciones directas sin justificación y gastos no comprobados, mientras en las seis auditorías y cinco verificaciones practicadas a facultades y preparatorias se encontraron pagos indebidos, por ejemplo, a profesores de tiempo completo en funciones administrativas.