Las Comisiones de Legislación y Administración Municipal, y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero en la Legislatura mexiquense aprobaron por unanimidad la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), mediante la abrogación de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Administrativo estatal.
Una vez que el Pleno ratifique las modificaciones, serán los 125 ayuntamientos, a través de las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o equivalentes, los que se encarguen de los trámites para la apertura de nuevos negocios.
La propuesta del morenista Nazario Gutiérrez fue votada con la abstención de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista (PVEM) y del independiente Juan Carlos Soto, aunque la ley establece que las abstenciones suman a los votos en contra.
La iniciativa fue promovida tras múltiples reclamos por parte del sector empresarial en el sentido de que el DUF se encontraba plagado de corrupción y frenaba las nuevas inversiones en la entidad. Con esta determinación, los legisladores confían en que se agilizará la apertura de inversiones y, con ello, se reactivará la economía, afectada de forma importante por la pandemia de COVID-19.
El DUF es un documento que incluye evaluaciones técnicas de factibilidad en materias de salubridad local, desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, para determinar la apertura de negocios.
El proponente indicó que de las 680 mil unidades económicas que hay en la entidad, 95% son microempresas, todas sujetas al DUF para poder laborar, mientras el costo de los trámites era muy alto; tan sólo realizar dos viajes a la Comisión de Factibilidad del Estado de México, dijo, se traducía en el desembolso de 3 896 pesos, mientras que el tiempo de respuesta formal iba de 45 a 120 días hábiles (aunque hay testimonios que refieren esperas de hasta dos años), lo que provocaba que iniciaran operaciones sin autorización o buscaran otra entidad para instalar sus unidades mercantiles.
La iniciativa aún debe ser votada por el Pleno, donde se espera su ratificación, dado que requiere de mayoría simple y Morena, con el apoyo de sus aliados, reúne los votos requeridos.