Para atender los estragos de la pandemia de COVID-19, el Gobierno del Estado de México ha destinado 5 300 millones de pesos en cinco meses, indicó Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas, al comparecer ante el Pleno de la Legislatura mexiquense por la glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del Mazo. Esta cantidad, sin embargo, significa apenas 1.76% del presupuesto total de este año, establecido en más de 301 mil millones de pesos.
El funcionario aseguró que los más de 5 300 millones de pesos se utilizaron para apoyar a empresas, grupos vulnerables, campo, pérdida de empleos y salud, lo que significa 1 060 millones en promedio durante cada uno de los cinco meses de la contingencia sanitaria, 36.5 millones diarios en promedio.
Durante el ejercicio, el funcionario enfatizó la buena calificación crediticia de las finanzas estatales, que lo convierten en la segunda mejor entidad del país, y advirtió que el Gobierno estatal no descansará hasta lograr que el dinero de los mexiquenses sea mejor valorado ante la banca. Afirmó que las finanzas estatales son fuertes, pero necesitan fortalecerse más ante cualquier nueva contingencia. Desde su punto de vista, el manejo del erario ha sido exitoso, por lo que llamó a no politizar el bienestar de los mexiquenses.
En el encuentro, la pevemista María Luisa Mendoza solicitó al funcionario detalles acerca de los fideicomisos estatales, los beneficios para la entidad en el esquema de potencialización del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), las deudas del ISSEMyM y el desabasto en sus farmacias.
La pesedista Lourdes Garay lamentó que el Gobierno estatal pretenda dar al presupuesto público una visión asistencialista, al asegurar que 70% del gasto programable se va a gasto social, mientras que, de cara a las elecciones del 2021, las áreas encargadas del manejo de los programas clientelares no sufrieron recortes siquiera operativos, cuando todas las demás áreas se apretaron el cinturón. Indicó que la Legislatura nunca recibió informes sobre la reestructuración financiera por la pandemia, acusó sometimiento financiero a las alcaldías de oposición y denunció que el estado tiene el cibercafé más caro del país: la red RIA, a la que se destina 46% del presupuesto del Comecyt (204 millones de pesos).
La perredista Araceli Casasola criticó que cada año la administración mexiquense tiene excedentes recaudatorios, subejercicios, y aún así se endeuda. El petista Francisco Solorza recordó que la ley permite la reconducción de recursos por hasta 20%, pero que a pesar de la pandemia no se realizó la reestructuración correspondiente para atajar los estragos en salud y empleo, y, por el contrario, se priorizó el gasto en identidad mexiquense, comunicación social o reestructuración de deuda.
El panista Anuar Azar criticó la opacidad en el manejo de los recursos públicos en temas referentes a los subejercicios de cada año fiscal, que tan sólo en 2019, conforme a la cuenta pública 2019, fue de 8 085 millones de pesos, equivalentes al presupuesto autorizado para las secretarías de Gobernación, Trabajo, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Desarrollo Económico, Turismo, Contraloría, Obra Pública, Movilidad, Medio Ambiente, Justicia y Derechos Humanos; es decir, no se ejerció el equivalente al gasto para 11 secretarías. La Secretaría de Finanzas subejerció 2 062 millones de pesos; es decir, no utilizó 1.5 pesos de cada 10. Señaló que, según el INEGI, 9 de cada 10 mexicanos que viven en áreas urbanas consideran que la corrupción es una "práctica frecuente". La entidad mexiquense es puntera en sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, apropiación indebida de fondos públicos, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, al aumentar la deuda pública en 5 890 millones de pesos, deuda mayor a la de los últimos cinco años del gobierno anterior. Destacó que de marzo a julio se perdieron 59 869 empleos formales y 80 mil informales, incertidumbre en el corto y mediano plazos por falta de un control eficaz de la pandemia, por lo que cuestionó las medidas para mitigar la caída de ingresos y no afectar las finanzas estatales.
El priísta Marlon Martínez lo cuestionó sobre los señalamientos de discrecionalidad del Fefom, y la morenista Mónica Álvarez Nemer insistió sobre los rubros disminuidos para atender la pandemia, las estrategias para generar ingresos sin presionar a los contribuyentes y los apoyos al campo eliminados este año.
En respuesta, Jarque Lira indicó que en marzo se concretaron tres recortes presupuestales por 4 mil millones de pesos en todas las áreas; además, se compactó la administración estatal (el gobernador aseguró ahorros por 180 millones), con lo que se equiparon hospitales, dotó de insumos al personal médico y se adelantaron entregas de programas sociales. Justificó que el COVID-19 es el principal enemigo del empleo, pero en la entidad se otorgaron beneficios fiscales y créditos a 45 mil empresas. Por la pandemia, indicó, se perdieron 55 mil empleos, menos de los previstos; 50 mil fueron beneficiados con el programa de apoyo al desempleo.
Sobre los fideicomisos, indicó que se trata de instrumentos multianuales que permiten atender problemas que surgen de improviso; afirmó que son transparentes, pues no se encuentran sujetos al secreto fiscal (el Fefom es uno de ellos). Aseguró que la deuda redujo sus intereses en mil millones de pesos al año, con lo que se vuelve más barata, y hoy representa 2.3% del PIB. Expuso que, por la pandemia, las participaciones e ingresos federales en la entidad se redujeron en 7%, pero la deficiencia recaudatoria sólo se observó a nivel predial, aunque el Gobierno estatal suscribió convenio con más de cien ayuntamientos.
Aseguró que el Fefom es un ejemplo de democracia presupuestal, un programa único en el país, y que sus requisitos pasaron de 7 a 4, por lo que ya no es necesario el aval del cabildo, de tal forma que a estas alturas del año se han entregado más de 90% de los recursos. Indicó que el abasto de medicamentos en el ISSEMyM se ha ido remontando y hoy rebasa el 90%; justificó que el gasto de Comecyt en el RIA tiene su origen en las becas otorgadas a mujeres, apoyos a productores de aguacate y en la intención de la denominación de origen del mezcal. Finalmente, anticipó que en 2021 se priorizará la inversión pública para atender la crisis económica provocada por COVID-19.