Las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Legislatura local acordaron realizar un ejercicio de parlamento abierto para construir una Ley de Amnistía, en conjunto con promoventes, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y víctimas, especialistas de los poderes Ejecutivo y Judicial, la FGJEM, la Codhem, instancias defensoras de la vida y la familia y colegios de abogados.
No obstante, durante la presentación de las cuatro propuestas de ley en la materia, ingresadas al Congreso local (las de Morena, PRD, PT y la del activista José Humbertus Pérez Espinoza), el Partido Acción Nacional (PAN), a través de sus diputados Ingrid Shemelensky y José Antonio García, advirtió que la propuesta podría servir para liberar a quienes delinquieron, lo que resultaría violatorio de la Ley de Víctimas de la entidad.
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“Es un contrasentido premiar a quienes delinquieron. La propuesta afecta la reparación del daño y favorece la impunidad”, consideró Schemelensky Castro, quien dijo que aprobar una norma de esta naturaleza en época de COVID-19 agravaría la crisis de salud y económica, porque no existe un plan definido de reinserción social y porque ninguna de las iniciativas prevé el seguimiento de los beneficiarios; además de no considerar las consecuencias de liberar a delincuentes ni el impacto presupuestal.
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Sobre la propuesta de Pérez Espinoza, la panista consideró que la figura de falso culpable es ambigua y difícil de acreditar. Desde su punto de vista, esta exige mejoras en los procesos de procuración de justicia, lo que no entra en una Ley de Amnistía. La propuesta del PT (similar a la Ley federal), dijo, contempla como candidatos a quienes cometen delitos contra la salud y no deberían alcanzar amnistía porque atentan también contra la vida de las personas. En todo caso, manifestó, deben implementarse atenuantes, no conceder amnistía. En el caso del planteamiento perredista, la diputada precisó que ya hay excepciones en la legislación local para no penalizar el aborto: “No se puede conceder amnistía a quien decidió abortar, pese a saber que era delito”, dijo. Y sobre la amnistía para indígenas por falta de traductores, aclaró que eso no significa que no hubieran cometido el ilícito. Por el contrario, alertó, con la amnistía corren peligro las mujeres si sus victimarios salen libres.
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En tanto, García García indicó que la amnistía es innecesaria, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal ya contempla figuras como la liberación anticipada y la condicional, que resultan más viables a la reinserción social. La amnistía, consideró, “permitía abrir la cárcel al vendedor de droga al niño, a quien robó a las familias mexicanas. Los beneficiarios podrían volver a delinquir. No hay garantías de no repetición”.
El priísta Juan Maccise recordó que un relator de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos define la amnistía como la anulación retrospectiva de la responsabilidad y como la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal con respecto a una conducta criminal específica. Además, dijo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha recomendado que las leyes de amnistía no sean contrarias a los postulados más elementales de la Corte.
Por su parte, el morenista Max Correa, uno de los promoventes de la iniciativa de Morena, indicó que la Ley de Amnistía permitirá hacer justicia a los falsos culpables y a las víctimas, porque crear un culpable también es injusticia para estas últimas. Dijo que no se puede considerar justicia obligar a un inocente a inculparse para acceder a la preliberación: “Eso no es justicia, ni para quien se inculpa ni para las víctimas”. Aclaró que la iniciativa de su bancada deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, además de garantizar los derechos de las víctimas. También plantea el acompañamiento a los beneficiarios para garantizar su reinserción social. La norma, destacó, es necesaria para una entidad en la que “las verdades históricas son el pan nuestro de cada día”; permitirá la reconciliación de la sociedad con sus instituciones de procuración y administración de justicia, ayudará a construir paz y despoblar las cárceles de la entidad, permitirá atender las recomendaciones de los organismos en derechos humanos y revisar la actuación de la FGJEM y el Poder Judicial y las políticas de reinserción social.
Su correligionario Julio Hernández, presidente de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, aseguró que con la amnistía no se pretende liberar delincuentes, sino a víctimas de fabricación de delitos, “y hay miles de voces que así lo testifican”. La también morenista Mariana Uribe precisó que la norma va dirigida a las Personas Privadas de su Libertad con violaciones al debido proceso, muchos en situación vulnerable y de pobreza, y que la propuesta de Morena no contempla el beneficio para delitos contra la vida, contra menores de edad, cometidos con violencia, que impliquen violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, delitos graves, reincidentes, habituales o cometidos con uso de arma de fuego.