El diputado Faustino de la Cruz pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el probable uso de recursos públicos de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México (GEM) para la difusión de un boletín insidioso con información manipulada.
El morenista acusó que este 4 de enero, tras el inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura, la oficina de Comunicación Social del gobernador Alfredo Del Mazo envió un boletín sin membrete, plagado de falacias para desvirtuar al partido Morena, quien aventaja con 20 puntos las preferencias electorales.
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Expuso que en el boletín se señala que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció en conferencia de prensa que los trabajadores podrían apoyar económicamente al partido, como ha ocurrido en otras ocasiones, sin aclarar que solo hizo referencia a los espectaculares colocados en apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con aportaciones de diputados de la Ciudad de México (Cdmx).
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De la Cruz Pérez indicó que el comunicado se hizo llegar a reporteros y oficinas de redacción de los medios de información locales, estatales y nacionales, por parte de Diego Platas, encargado de atención a medios de Comunicación Social del gobierno del Estado de México, desde su celular personal.
Aseguró que se tiene conocimiento que personal de la Coordinación de Comunicación Social del GEM hizo llamadas telefónicas a las redacciones de los periódicos para que publiquen el comunicado apócrifo en sus medios, e incluso como nota principal, a cambio de un jugoso pago.
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Por tanto, adelantó que Morena iniciará la denuncia respectiva ante las autoridades electorales por presunto uso de recursos públicos para dañar la imagen institucional de su partido en el inicio de la competencia por el gobierno estatal.
También pidió al mandatario estatal llamar la atención del equipo de Comunicación Social, por su “indecorosa participación en el proceso electoral”.
Finalmente, recordó que el artículo 134 Constitucional establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.