Debido a que en todas las entidades del país y a nivel federal se replican la fabricación de carpetas y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, el diputado Ariel Juárez propuso llamar al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales crear sus respectivas comisiones de Sistema Penitenciario en busca de corregir esos errores.
El legislador, que en el Estado de México preside la comisión especial en la materia, expuso que ha recibido diversas llamadas de entidades como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Nayarit para denunciar las condiciones infrahumanas en que los penales operan, mientras un alto porcentaje de los internos son falsos culpables a los que les fueron fabricadas las carpetas.
El morenista precisó que en el país hay 287 centros penitenciarios, de los que 14 son federales y el resto estatales; en ellos, hay 223 mil 385 personas privadas de la libertad: 210 mil 774 hombres y 12 mil 611 mujeres.
La revista “Nueva Sociedad” y los estudios de opinión practicados a la población penitenciaria revelan que 26% sufre desabasto de agua, 63% considera que los alimentos que les proporcionan son insuficientes, 27% señala que no recibe atención médica cuando la requiere y sólo 23% dijo que la institución le proporciona los medicamentos que necesita.
Además, un tercio de los presos opina que el trato que reciben sus familiares cuando los visitan es malo, 72% se siente menos seguro en la prisión que en el lugar en donde vivía antes, y 57% dijo desconocer el reglamento del centro penitenciario donde está recluido.
Juárez Rodríguez indicó que los Congresos son un contrapeso a las acciones y actuar de los gobiernos, a través de las comisiones legislativas ayudan a que éstos realicen sus funciones, por lo que consideró necesario contribuir para que se corrijan las arbitrariedades de administraciones pasadas, la fabricación de carpetas de investigación para culpar a inocentes y las medidas precautorias que mantienen encerradas a las personas durante años sin elementos que prueben su culpabilidad ni sentencias emitidas.
Alertó que un sistema de justicia ineficiente solo castiga a los pequeños infractores y envía un mensaje de impunidad a quienes provocan daños más severos.
Es necesario, dijo, modificar los mecanismos de procuración y administración de justicia, crear incentivos para las buenas prácticas y diseñar procesos inteligentes que incluyan la capacitación para una correcta reinserción y readaptación social como ejes fundamentales.
El sistema penitenciario, expuso, debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
“Nuestra obligación como legisladores de cualquiera de las entidades federativas es velar porque todas las personas sean tratadas dignamente, en especial aquellas a las que siendo inocentes les fueron creadas carpetas y siguen recluidos por no contar con recursos económicos para contratar un abogado”, añadió.