Con la finalidad de profesionalizar de forma permanente, evaluar de manera periódica, e incrementar de manera progresiva la plantilla de defensores públicos, la Legislatura local aprobó en comisiones reformas a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México.
La morenista Elizabeth Millán precisó que la intención de su iniciativa es resolver situaciones que impiden el adecuado ejercicio del patrocinio legal público, pues actualmente sólo existen 407 defensoras y defensores públicos en todo el Estado de México, para atender una carga abultada de denuncias.
La norma propone establecer un número determinado de defensores públicos en cada distrito judicial y juzgado, de manera específica y por materia; y vigilar y controlar los procesos asignados a cada defensor, evitando una excesiva carga de trabajo.
Para ello, se plantea la creación de la Unidad de Profesionalización y Evaluación y de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento a Procesos, adscritas al Instituto de la Defensoría Pública, que también serán las encargadas de la formación y evaluación de los defensores públicos
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La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó, de igual, manera, reformas al Código Civil estatal para que en las actas de nacimiento se pueda registrar el nombre de una persona, de conformidad con las formas orales, funcionales y simbólicas pertenecientes a las lenguas indígenas.
Hasta 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenía un registro de 415 mil personas mayores de cinco años hablantes de alguna lengua indígena en el Estado de México, con lo que la entidad se colocó como una de las siete con más hablantes de lenguas indígenas en el país, al lado de Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.