El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales fijó al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) un plazo de 24 horas para que entregue a todos los trabajadores de sus hospitales, CEAPs, centros de salud y unidades médicas los equipos de protección para evitar contagios de COVID-19, pues en algunos casos el material se encuentra
almacenado y la dotación ha sido restrictiva para el personal de atención directa a casos positivos.
Este es el segundo ultimátum que se desprende de una solicitud de amparo promovida por el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, en virtud de que, si bien, tras la primera suspensión, Gabriel O'Shea, titular de la dependencia, hizo llegar los insumos a los hospitales, en algunos casos estos se encuentran resguardados en almacenes y no han sido entregados al personal hospitalario.
Miguel Ángel Carrillo, coordinador jurídico del gremio, explicó que fue necesaria la promoción de un segundo amparo porque, además, los insumos asignados sólo se entregarán a médicos y enfermeras que atiendan casos confirmados, pero no al resto del personal que también se encuentra en riesgo de atender asintomáticos, o por laborar
en áreas aledañas.
La determinación fue tomada por el juez al conceder la suspensión de plano que otorga a las autoridades responsables -el secretario de salud estatal y el director general del ISEM- un término de 24 horas para que informen al Juzgado sobre el cumplimiento dado.
También les advirtió que "queda a su cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud de los miembros que representa el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México".
De igual manera, asienta que "la violación de la medida de suspensión decretada implica la comisión de un delito".
La dotación, sin embargo, no es restrictiva para los agremiados al sindicato, pues la suspensión advierte que los insumos deben ser entregados a todo empleado del sector salud que labore en nosocomios con casos diagnosticados.
Carrillo Martínez indicó que los insumos debieron entregarse antes de la segunda fase, pues para esa fecha el gobernador Alfredo del Mazo anunció que se destinarían 300 millones de pesos para este fin, por lo que no existe justificación económica que frene la distribución.
El retraso en las entregas, indicó, obligó a muchos médicos y enfermeras a adquirir material con su propio dinero, y en los casos en que sí fue entregado, es insuficiente y de baja calidad: las batas desechables son muy delgadas, no llegaron los gorros, botas quirúrgicas, googles y mascarillas N95, lo que dista mucho de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual prevé la necesidad diaria de 25 batas, 25 mascarillas médicas y 50 guantes no estériles.
A partir de la suspensión, indicó el abogado, el material deberá entregarse a los trabajadores, no a directores ni almacenes, "no para la estadística o la foto, pues si los médicos enferman, serán insuficientes para atender la pandemia. Primero hay que cuidarlos a ellos".