Casi 30 decretos que habían sido aprobados por la Legislatura local entre los meses de diciembre a abril pasado, incluido el dictamen de la Cuenta Pública 2017 que plantea celebrar auditorías especiales y la remoción del auditor superior de la entidad, fueron promulgados en cascada con fecha 12 de junio, después de que el lunes pasado la Junta de Coordinación Política envió a la Secretaría de Justicia un requerimiento para ponerse al día.
En todos los casos, habían transcurrido ya los 30 días naturales previstos por la Constitución local para que el gobernador vetara los instrumentos jurídicos, lo que en ningún caso ocurrió, por lo que se entendía que no había objeción para que fueran promulgados.
Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, indicó que el pasado lunes “se envió un requerimiento al Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia como encargada de la publicación, señalando que ya se cumplieron los plazos y es necesario que publiquen; ya no hicieron observaciones, luego entonces se puede aplicar la afirmativa ficta”, expuso.
Sobre el requerimiento, hasta ayer por la tarde la Legislatura local no había recibido respuesta, según lo admitió el además coordinador parlamentario de Morena, quien para entonces estimaba al menos 12 decretos e iniciativas no publicadas en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México.
Hernández González descartó, sin embargo, que en el retraso haya existido dolo. “Yo creo que más bien es falta de atención al procedimiento, pero eso se corrige”, confió.
-¿Esta omisión se traduce en pasar por alto al Poder Legislativo?
-Podría decir que no pusieron atención en los tiempos. Probablemente (se les traspapeló).
En todo caso, indicó, pudo aplicar la afirmativa “ficta”, como en el caso de las reformas a la Constitución Federal donde se otorgan 15 días a las Legislaturas locales para pronunciarse y, en caso de que no respondan en ese plazo la mitad más una, se da por hecho que avalaron los cambios a la Carta Magna.
De cualquier manera, no descartó la necesidad de realizar una reforma, con la finalidad de que se precise la obligatoriedad y los plazos para la publicación.
“Habría que revisar, tenemos que adecuar la ley para evitar este tipo de lagunas, que se generan ante la nueva realidad, creen incertidumbre”, añadió.
Los decretos pendientes por promulgar, pero que fueron publicados con fecha 12 de junio, van del 29 al 64 (con algunas excepciones que ya habían aparecido en Gaceta de Gobierno); las fechas en que fueron aprobados por la Legislatura local vienen de diciembre de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019, e implican desde convenios amistosos para la resolución de límites territoriales hasta el dictamen de la Cuenta Pública 2017.
Este último, ordena al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la celebración de auditorías especiales al ISSEMyM, ISEM, UAEMex, PAC y CUSAEM, y la implementación del proceso de remoción del auditor superior estatal, Fernando Baz Ferreira.
Entre los decretos rezagados también se incluyen reformas al Código Penal, a la Ley de Personas con Discapacidad, a la Constitución local (art. 61), a las Leyes Orgánicas Municipal y de la Administración Pública, al Código Administrativo, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a la Ley de Desarrollo Social, a la de Trata de Personas de la entidad, y la Ley de Recuperación de Alimentos.
No obstante, a la fecha no se ha promulgado el llamado, avalado por unanimidad el 21 de marzo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y al Poder Judicial estatal a retirar o sobreseer las dos denuncias penales aún vigentes - 161/2018 (por robo a casa-habitación con modificativa de haberse cometido con violencia) y 372/2018 (por extorsión)- en contra de José Humbertus Pérez Espinoza, activista considerado preso de conciencia por el Comité Cerezo debido a su lucha contra los fraudes inmobiliarios.