El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México urgieron el esclarecimiento del asesinato de Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena de Trueque (CIT), ocurrido en el municipio de Santiago Tianguistenco el pasado 25 de marzo, tras denunciar omisión de las autoridades para prevenir el hecho.
El CDHZL llamó de manera enérgica a las autoridades mexicanas en todos los niveles, especialmente al Gobierno del Estado de México y al gobierno municipal de Santiago Tianguistenco, para que garanticen la integridad personal y el derecho a la vida de los integrantes del Consejo.Además exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizar una investigación pronta e imparcial de los hechos y llevar ante la justicia a los implicados en este acto.La organización refirió que una testigo de los hechos asegura “que la agresión fue perpetrada por un representante de un oficialista”, paralela a la CIT, con un arma de fuego.
Lilia Díaz fue privada de la vida cuando se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de San Bartolo del Progreso, en compañía de su hijo y su nuera; el agresor amenazó a las mujeres con una pistola, pero en un primer momento el hijo de la activista evitó la agresión.
Más tarde, el asesino regresó a la vivienda, donde sacó una escopeta y la activó en contra de las dos mujeres, arrebatándole la vida a Eulodia Lilia Díaz Ortiz.El CDHZL recordó que el anterior alcalde de Tianguistenco, Antonio Barrera, dio su respaldo político al agresor e impuso la Comisión Indígena del Trueque para administrar y “representar” al Consejo, aun cuando sus integrantes estaban en desacuerdo por no respetar las formas de organización propias del tianguis.
El Tianguis del Trueque es una tradición milenaria en Santiago Tianguistenco y lo han administrado de manera autónoma sus propios integrantes indígenas otomís, tlahuicas y nahuas.
Esta práctica además atrae al turismo y ha sido considerada patrimonio cultural, razón por la cual los gobiernos municipales han querido cooptar esta actividad para administrarla económicamente y aparentar acciones realizadas en favor de los pueblos indígenas del municipio.Los integrantes del Consejo han resistido ante los intentos municipales por arrebatarles esta actividad.
Por su resistencia, han enfrentado agresiones físicas, hostigamientos, criminalización, privación de la libertad contra algunos de sus integrantes.Por estas agresiones, los afectados han promovido quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) que no fueron tomadas en cuenta para actuar de forma rápida y evitar, ahora, el homicidio de la activista.
A la demanda, se sumaron organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, quienes consideran el hecho como una “ejecución extrajudicial”.La organización recordó que doña Lilia y varios integrantes del CIT denunciaron hostigamiento, represión y violencia física y psicológica desde hace varios años, sin que las autoridades dieran seguimiento a los hechos.“Ya se había denunciado a funcionarios municipales que estaban acosando, violentando psicológicamente y habían provocado violencia física a algunas compañeras.
La problemática se estuvo denunciando ante la Procuraduría y ante la Fiscalía después, sin que se les hubiera tomado en cuenta su denuncia y sólo les escucharon y dijeron que no podían proceder”, señalaron.
Las denuncias, refirieron, también fueron públicas en varios eventos nacionales e internacionales desde 2016; “sin embargo, no se ha dado seguimiento debido al tema por falta de voluntad política de las instituciones municipales y estatales. Se ha tratado de eliminar, por cualquier vía, la práctica ancestral del trueque, imponiendo la fuerza pública en varias ocasiones”, señalaron.“Exigimos Justicia para Doña Lilia, para su nuera -Griselda Zaragoza Aragón, quien sigue en atención médica porque resultó lesionada en el ataque-, para su familia y para las hermanas y hermanos del Consejo Indígena del Trueque en el Estado de México.
Exigimos el esclarecimiento del crimen que se ha considerado feminicidio, de la ejecución extrajudicial, y el castigo a los responsables de éste vil acto que es consecuencia de las amenazas que el Consejo había recibido en varias ocasiones con anterioridad”, apelaron.
“Exigimos una investigación transparente, que se respeten los protocolos con perspectiva de género, y la perspectiva cultural en la investigación y en el proceso judicial; así como en las denuncias ante Derechos Humanos.
Que de verdad se note la voluntad política de los gobiernos para subsanar las problemáticas en los pueblos indígenas en México”, destacaron.También demandaron respeto a los mecanismos de protección que fueron otorgados a las y los integrantes del CIT desde 2018, por medio de los cuales, existían órdenes de restricción contra los agresores para evitar que se acercaran a las y los integrantes del Consejo del Trueque.
Veneranda Mendoza