Con el propósito de garantizar la integridad y seguridad de las y los docentes, ante el creciente fenómeno de agresiones por parte de alumnos y sus familias, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense propuso reformar el Código Penal del Estado de México para sancionar con hasta 12 años de prisión las denuncias falsas, lesiones u omisión de auxilio en su contra.
Violencia ignorada en las escuelas
El diputado Rigoberto Vargas, autor de la iniciativa, señaló que, cuando se habla de violencia en los planteles, suele omitirse la que padecen maestras y maestros a través de insultos, agresiones e incluso presiones de estudiantes y familias.
El también presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación destacó que delitos como la extorsión y la difamación —potenciados por el uso de redes sociales— generan un ambiente de hostigamiento y presionan a la autoridad educativa.
Penas más severas contra agresores
La propuesta contempla imponer penas de ocho a 12 años de cárcel y multas de hasta mil 500 días a quienes extorsionen a docentes o personal administrativo en el ejercicio de sus funciones.
En caso de lesiones graves que pongan en riesgo la vida o generen incapacidad para la docencia, se aplicarían hasta seis años de prisión y 375 UMAs (42 mil 427 pesos).
Si la agresión proviene de estudiantes, madres, padres o tutores, las sanciones oscilarán entre cuatro y cinco años de cárcel, dependiendo de la gravedad.
Denuncias falsas y omisión de auxilio
Se propone hasta seis años de prisión para quienes emitan acusaciones falsas que dañen el honor, dignidad o reputación de docentes o personal administrativo.
Si la acusación afecta su situación laboral, administrativa o psicológica, se ordenará la reparación integral del daño.
Además, quienes omitan auxiliar a un docente en riesgo sin causa justificada podrían enfrentar de tres a seis meses de cárcel y 60 UMAs (6 mil 788 pesos). La sanción se duplicará si la omisión deriva en un crimen consumado.
Obligaciones y protocolos de protección
La iniciativa también plantea reformar la Constitución local y las leyes de Educación y de Responsabilidades Administrativas, estableciendo la obligación de madres, padres y tutores de respetar irrestrictamente al personal docente.
El Estado deberá garantizar mecanismos de defensa legal eficaces, mientras que autoridades educativas, de seguridad y justicia diseñarán y supervisarán protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia escolar contra docentes.
Finalmente, se considera obstrucción de la justicia cuando los titulares de instituciones educativas, conociendo casos de violencia contra docentes, no actúen de manera diligente para atender, investigar o dar curso a las denuncias.