El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso reformar el Código Penal del Estado de México para imponer hasta 20 años de prisión por extorsión cuando ésta provoque el cierre de empresas.
La iniciativa subraya que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto económico y social y el que más golpea a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). El documento revela una crisis silenciosa: este delito ya es la segunda causa de cierre de negocios, solo por debajo del pago de renta.
De acuerdo con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, en lo que va del año se han presentado más de mil 500 denuncias por extorsión.
El PRD plantea considerar agravante el cierre o desplazamiento forzado de empresas, y castigar estos casos con 15 a 20 años de cárcel y 2 mil a 2 mil 500 días multa.
El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada, afirmó que esta agravante busca reconocer la vulnerabilidad del sector productivo y el profundo daño social que genera la extorsión. Con la reforma, dijo, se refuerza el carácter disuasivo del derecho penal y se envía un mensaje institucional claro:
la actividad económica lícita será protegida como pilar de seguridad pública, bienestar social y desarrollo regional.
Además, aseguró que quienes atenten contra la estabilidad económica de las MiPyMES —que representan el 90% del universo empresarial del Edomex— deberán recibir sanciones proporcionales al daño causado.