El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó, entre sus principales iniciativas del último periodo ordinario de sesiones, aquellas orientadas a sancionar los delitos sexuales y garantizar la reparación del daño a las víctimas, en especial a niñas, niños y adolescentes.
Entre las reformas impulsadas, la bancada tricolor propuso que la reparación del daño por violencia sexual cometida contra menores de edad sea imprescriptible, con el objetivo de que las víctimas puedan ejercer este derecho sin límite temporal. Asimismo, planteó sancionar con hasta cinco años de prisión la creación y difusión de contenido sexual manipulado mediante Inteligencia Artificial (IA).
Durante el periodo ordinario de sesiones, que comprendió del 5 de septiembre al 18 de diciembre, las y los legisladores priistas en el Congreso del Estado de México resaltaron que estas reformas fortalecen la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, al eliminar el plazo de prescripción para reclamar la reparación del daño derivado de delitos sexuales.
Anteriormente, el Código Civil del Estado de México establecía un plazo de dos años, contados a partir del día en que se producía el daño, para exigir indemnizaciones y otras medidas de reparación a favor de las víctimas menores de edad.
En materia de delitos digitales, el PRI logró que se sancione la creación y difusión no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados mediante IA, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 56 mil 570 pesos en 2025, monto que se ajustará en 2026 conforme al valor vigente de la UMA.
Las y los legisladores priistas recordaron que entre sus iniciativas pendientes de aprobación se encuentra una propuesta para fortalecer la atención a víctimas del delito, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, mediante la capacitación y certificación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
También continúa en análisis una iniciativa para facultar a las policías estatal y municipales en la atención e investigación de denuncias bajo la conducción del Ministerio Público, lo que permitiría recibir declaraciones, iniciar investigaciones y agilizar la determinación de los delitos, además de dignificar la carrera policial mediante tabuladores salariales basados en desempeño, antigüedad y capacitación.
Otras propuestas del PRI contemplan la creación de unidades policiacas especializadas en delitos contra mujeres; la implementación de un modelo de policía de proximidad con enfoque comunitario y preventivo; y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuente con un presupuesto anual mínimo equivalente al 2 por ciento de los ingresos estatales, con posibilidad de incremento según las necesidades del servicio.
Asimismo, se planteó exigir título de licenciatura o equivalente, reconocido por la Universidad Mexiquense de Seguridad, a quienes aspiren a integrarse a los cuerpos de custodia penitenciaria; combatir el cobro de piso mediante la persecución de oficio del delito y la protección de la identidad de denunciantes; y otorgar a las entidades federativas facultades plenas contra la tala ilegal.
Finalmente, el grupo parlamentario propuso incorporar el Protocolo Alba en la legislación estatal para garantizar su obligatoriedad y permanencia, homologar plazos y fases operativas, asegurar la coordinación institucional y facilitar la asignación presupuestal para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.