Organizaciones civiles cuestionan nombramiento como magistrado
Las asociaciones civiles Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) impugnaron, ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), la entrega de la constancia de mayoría a Alejandro Gómez Sánchez, exfiscal de Justicia estatal y ahora magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJEM).
Argumentan que no cumple con los requisitos constitucionales de buena fama pública, honestidad y honorabilidad.
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Acusan encubrimiento en Tlatlaya y omisiones en Atenco
Según José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de ambas organizaciones, Gómez incurrió en omisiones graves como el ocultamiento de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la falta de sanciones contra mandos por la represión en Atenco, y la mala aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En el documento se señala que a 16 días de haber sido nombrado procurador estatal, en mayo de 2014, participó en la manipulación de la escena donde 22 civiles fueron ejecutados en Tlatlaya, incluido el caso de una adolescente de 14 años.
Testimonios y acusaciones de tortura
Clara Gómez González, madre de una de las víctimas, declaró que su hija aún estaba viva tras el ataque y que fue torturada e incomunicada por la entonces Procuraduría para forzarla a avalar la versión oficial, que atribuía el tiroteo a un enfrentamiento.
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Tiempo después, su hija apareció muerta, con un arma colocada en la mano izquierda (siendo diestra), en una posición que no coincidía con lo que había presenciado.
Señalamientos por impunidad y falta de justicia
La demanda recuerda que en 2015, al ser propuesto por el expresidente Peña Nieto para ministro de la SCJN, fue vetado tras ser cuestionado por su actuación en Tlatlaya. Además, en 2017 defendió ante la Corte IDH las actuaciones del Estado en el caso Atenco, pese a que la CIDH reportó impunidad total y revictimización de las mujeres agredidas.
Desvío de recursos y criminalización de inocentes
El recurso judicial acusa también que, bajo su gestión, se desviaron miles de millones de pesos del FASP que debían destinarse al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sin resultados comprobables. Esto derivó en la falta de protocolos, certificación, y procesos adecuados, lo que según el documento, provocó que miles de personas inocentes fueran detenidas, procesadas y sentenciadas por delitos de alto impacto.
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Denunciante se dice víctima directa
Pérez Espinoza también relató su caso: fue detenido en 2015 con cargos falsos por robo y extorsión, que no se acreditaron. Dijo haber sido reconocido como prisionero de conciencia y liberado como preso político durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Señalan vínculos con invasores de vivienda
El documento también acusa a Gómez Sánchez de facilitar la invasión de viviendas en Tecámac y proteger a líderes como Noé Centeno Ruiz, Delia Hernández y otros, quienes aparecían como víctimas en carpetas supuestamente fabricadas. También afirman que durante su campaña se reunió con dichos grupos.
Impugnación por falta de evaluación adecuada
Finalmente, las asociaciones señalan que ni los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ni el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), valoraron debidamente los antecedentes de Gómez Sánchez antes de entregarle la constancia de mayoría como magistrado electo.