La Legislatura mexiquense solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal remitir a los diputados, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, un informe sobre el destino del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), en el afán de clarificar si sus recursos se usaron o no para costear la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2017.
La información, demandada a la Coordinación del PAC, además incluye un informe detallado a nivel partida presupuestal de los montos no ejercidos y reasignados del programa en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
El diputado morenista Faustino de la Cruz, promotor del punto de acuerdo avalado de manera urgente por unanimidad, recordó que, según lineamientos de la Secretaría de Finanzas, el PAC se encuentra orientado a acciones y obras sociales que promovían las comunidades a través de los diputados y tenía como objetivo social atender las necesidades más inmediatas de la población mediante diferentes tipos de apoyos.
No obstante, prosiguió, de manera histórica el programa ha sido cuestionado sobre el procesamiento y ejecución de las gestiones y porque esta facultad no corresponde al ejercicio parlamentario establecido por ley.
“Gran parte del control político-electoral que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo en el pasado sobre las comunidades responde a la implementación de este programa por parte de los representantes populares en sus distritos. La Dádiva, el clientelismo y el condicionamiento fueron los sellos del PAC”, señaló.
De la Cruz alertó que al menos en dos sentidos el programa estaba viciado: “el control político de forma implícita que el gobernador en turno tenía sobre las decisiones legislativas de los diputados; y la falta de transparencia y rendición de cuentas, métricas de impacto y claridad en la consecución de objetivos durante el ejercicio de estos recursos”.
Por esta razón, recordó que una de las primeras acciones de su grupo parlamentario al inicio de la Legislatura fue la promoción de un punto de acuerdo el 13 de septiembre de 2018, suscrito por todas las fuerzas políticas, mediante el cual los diputados comprometieron no ejercer los recursos del PAC correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año.
El morenista recordó que al año, cada diputado local ejercía 2.5 millones de pesos al año; en promedio, 208 mil 333 pesos mensuales, lo que significa que de septiembre a diciembre de 2018 cada legislador dejó de ejercer 833 mil 333 pesos; es decir, en total, 62 millones 500 mil pesos aproximadamente.
Por tal motivo, consideró necesario que se transparente el destino de los recursos no ejercidos del PAC, sobre todo tomando en cuenta que históricamente, en año de cambio de la Legislatura, eran usos y costumbres de la clase política que los diputados salientes gastaran todos los recursos del programa antes de la toma de protesta de los diputados electos con la anuencia de la Secretaría de Finanzas.
Adicionalmente, expuso, el pasado 14 de marzo, durante la conferencia de prensa del presidente de la República, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, presentó avances del seguimiento a diversas cuentas que financiaron la serie televisiva “El Populismo en América Latina” y señaló por un monto de 186 millones de pesos a la empresa OHL, y por 2.5 millones de pesos a la Coordinación del PAC, área responsable de la administración del programa.
Veneranda Mendoza