Con la finalidad de acelerar la inmunización contra COVID-19, la Legislatura local solicitó a la Secretaría de Salud de la entidad celebrar convenio con los ayuntamientos para que éstos puedan adquirir vacunas, y pidió a los cabildos asignar presupuestos y apoyar las jornadas.
Por unanimidad, los integrantes de la Diputación Permanente avalaron el punto de acuerdo promovido por los diputados panistas Karla Fiesco,
Brenda Escamilla y Anuar Azar, quienes recordaron que el pasado 25 de enero el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que “establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general que los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias, las personas físicas y morales de los sectores social y privado, e integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2”.
El documento establece los requisitos que éstos sectores deben cumplir para la adquisición de vacunas y su aplicación. Sin embargo, advirtieron, los municipios no forman parte del Sistema Nacional de Salud, “estando así impedidos, en primera instancia, para la compra de vacunas”, por lo que se requiere de un convenio con la Secretaría de Salud estatal que los reconozca como eslabón del procedimiento.
Los promoventes justificaron que la participación de todos los niveles de gobierno, incluidos los municipios, es fundamental en la jornada nacional de vacunación, por el gran reto que implica el coronavirus.
La Ley General de Salud, refirieron, establece diversas medidas de seguridad sanitaria, como la vacunación de personas por el caso de una epidemia grave, el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades; así como las medidas determinadas por la autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud, entre otras.
El albiceleste recordó que hasta el 26 de enero se registraron un millón 788 mil 905 contagios y 152 mil 016 defunciones a nivel nacional, con lo que el país se posicionó como el cuarto con más mortalidad a nivel mundial.
En el Estado de México, prosiguió, el gobierno federal tiene registrados 183 mil 865 contagios y 23 mil 358 defunciones, convirtiéndose en la entidad con más letalidad de la nación; el pasado martes perdieron la vida 11 mexiquenses por hora y, de cada 100 contagiados, 12 fallecen, mientras en la Ciudad de México mueren 5 de cada 100.
A casi un año de la pandemia, plantearon los legisladores, es un viacrucis para las familias conseguir oxígeno, atención médica y servicios funerarios. “La realidad está superando la ficción, los servicios requeridos se están colapsando y su demanda los encarece, dentro de un contexto de recesión, desempleo y aumento de la pobreza”, dijeron.
El virus, indicaron, se configura mortal en su mayoría para la población de escasos recursos. Según el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM, 75% de los fallecidos tenía solo un nivel de educación básica, de primaria o secundaria, asociado a empleos mal remunerados sin la oportunidad de quedarse en casa, además de carecer de servicios médicos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) registra en el Estado de México 7.5 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 3.5 millones carecen de acceso a los servicios de salud; la población mexiquense con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó 8.4 puntos porcentuales, al pasar de 38.2% a 46.6%, entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020; es decir, a más personas les será insuficiente su salario para adquirir la canasta básica, incrementando así el número de pobres.
“Es obligatorio actuar con oportunidad y sin miramientos políticos, personales o ideológicos, pues por encima de cualquier interés siempre debe predominar el bien común y en razón de ello, hay que encaminar los esfuerzos dando esperanza no solo a quien padece la enfermedad, sino a cada uno de los mexicanos”, plantearon los legisladores.