El diputado local Max Correa pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Javier Jiménez Espriú, atender el exhorto que la Legislatura mexiquense para una declaratoria de rescate del segundo piso del Viaducto Bicentenario, tras advertir que, por esta concesión, Aleatica, antes OHL, obtiene ingresos ilegales de hasta mil millones de pesos anuales por el cobro de peaje.
El llamado fue presentado por Correa Hernández en noviembre de 2019 y aprobado por unanimidad del pleno, en el que también solicita al secretario estatal en la materia, Gilberto Limón, un informe sobre el proceso que otorgó la concesión a la empresa española y el monto del adeudo del Gobierno del estado, y de todos los mexicanos, con la constructora por esta vía: “De manera respetuosa, le pedimos al secretario federal que nos diga cuál es la situación legal de este tramo carretero que atraviesa los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, pues consideramos que la concesión le fue otorgada a OHL de manera arbitraria. El Gobierno federal debe recuperarlo y dejar el paso libre, sin cobro de peaje”, dijo.
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Debido a que uno de los tramos de la obra fue construido sobre una vía federal, el morenista consideró que la SCT debe realizar el aseguramiento de obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación. El legislador recordó que una acción de este tipo ya fue realizada cuando el gobernador de Baja California intentó apropiarse de una caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada: “El Gobierno federal envió al lugar a la Guardia Nacional para recuperarla, y eso mismo se debe hacer en el tramo del segundo piso del Viaducto Bicentenario, porque sigue siendo jurisdicción federal y por ello no debió entregarse en concesión”.
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El también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) afirmó que el exhorto se dio como un elemento de prueba en el proceso que se le seguía al exsecretario estatal y federal Gerardo Ruiz Esparza, y por el cual se le iba vincular a proceso: “Aunque falleció, la averiguación debe ser remitida a un juez para que se deslinden responsabilidades sobre la ilegal concesión del tramo carretero”, reiteró.
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Finalmente, Max Correa pidió al Gobierno federal actuar con la misma contundencia como lo hizo en Baja California para recuperar el Viaducto Bicentenario y evitar el cobro de peaje a los viajantes: “El viaducto representa un acto de corrupción de los sexenios pasados que benefició a una empresa privada y les dejó dividendos para sus campañas políticas. Ese tramo deja más de mil millones de pesos anuales a la empresa de manera ilegal, por lo que es importante que el presidente tome cartas en el asunto y, particularmente, el secretario de Comunicaciones y Transporte”, añadió.