Por mayoría de votos, la Legislatura mexiquense aprobó solicitar al gobernador Alfredo del Mazo la revocación de la concesión de la Carretera Panamericana, en su tramo Toluca-Atlacomulco, por considerar que es ilegal, así como fincar responsabilidades a quienes la continúan usufructuando.
El diputado Max Correa, promotor del punto de acuerdo, también planteó que el tramo se reincorpore de inmediato al sistema carretero libre de peaje bajo jurisdicción del estado. El morenista señaló que la empresa Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S.A. de C.V. usufructúa la vialidad de cuota desde 1984, a pesar de que mantenerla como una vía libre y no de cuota fue una condición indispensable para que los países que suscribieron el tratado internacional “Convención sobre la Carretera Panamericana” (que corre desde Tierra del Fuego en Argentina, hasta Alaska, Estados Unidos) accedieran al financiamiento para su construcción.
“El tratado sigue vigente y los compromisos jurídicos contraídos por nuestro país son de obligado cumplimiento, por lo que desde el momento en que el Gobierno del Estado de México privatizó esta vía de comunicación, violenta la Constitución y sus obligaciones asumidas”, advirtió.
La concesionaria, prosiguió Correa Hernández, a pesar de no haber invertido en la construcción de esta vía internacional de comunicación, ha obtenido incuantificables ganancias durante más de 36 años. En más de tres décadas, señaló, los grupos que han ostentado el poder político y administrativo en la entidad abusaron de sus cargos para beneficiar a unos cuantos individuos con la indebida concesión de esta carretera.
Correa Hernández recordó que el 30 de abril de 1998, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó recomendar al Gobierno estatal el retiro de la concesión a la empresa Alfa, S.A. de C.V., al haber acreditado violaciones a la Constitución y algunas leyes federales: “En congruencia con esta actitud, el 28 de agosto de 1998, la Legislatura del Estado de México aprobó un punto de acuerdo que ordenaba rescatar el título, revisar el procedimiento de concesión y fincar las responsabilidades penales, civiles y administrativas que resulten a quienes indebidamente entregaron la Carretera Panamericana en concesión; sin embargo, la indebida concesión permanece a pesar de que está plagada de ilegalidad”, lamentó.
Por esta razón, adicionalmente, el legislador exigió al Gobierno estatal iniciar las investigaciones correspondientes con el objeto de fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales a las personas físicas o jurídico-colectivas involucradas que continúan con la explotación de una vía de comunicación protegida por un Tratado Internacional.
El exhorto fue avalado, fundamentalmente con votos de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra.