Con el objetivo de economizar un promedio de 200 mil pesos por órgano desconcentrado, la Legislatura local analiza que se reforme el Código Electoral del Estado de México, a fin de que las Juntas Municipales y Distritales, en que no se entablen medios de impugnación contra los resultados electorales, deban concluir sus actividades de manera inmediata.
Este viernes comenzó la evaluación de la propuesta en la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, debido a que en la actualidad el citado ordenamiento determina que los procesos electorales se darán por concluidos una vez que se entregue la constancia de mayoría y se hayan agotado todos los procedimientos que sean promovidos ante el Tribunal Electoral.
Esta circunstancia, advierte la exposición de motivos de la iniciativa promovida por el morenista Gerardo Ulloa, obliga a mantener en funciones las oficinas de los consejos distritales y municipales hasta en tanto se concluye el proceso electoral, aun en los casos en que no exista una justificación para que permanezcan.
“En las elecciones del 2018 se promovieron 136 impugnaciones de ayuntamientos y diputaciones, y que fueron resueltos dentro de los 6 meses siguientes, sin embargo, no en todo el estado es necesario que estas oficinas continúen operando hasta que concluya el proceso electoral, pues eso genera gastos innecesarios”, plantea.
El también morenista Enrique Sepúlveda recordó que hace unos meses se concretó una reforma para empatar el proceso electoral local con el federal, lo que implicó la reducción de gastos durante cuatro meses, estimados en 19 mil 500 pesos por cada Junta al mes, pero todavía se traducen en gastos millonarios en oficinas y salarios, sobre todo en el caso de las elecciones municipales, donde los órganos desconcentrados podrán operar hasta el 31 de diciembre.
Cada una de las 45 juntas distritales, refirió, tiene un gasto mensual promedio de 209 mil 845 pesos, pues tan sólo en salario erogan 109 mil pesos, mientras que con las 125 juntas municipales habría ahorros de al menos 97 millones de pesos.
“Es clara la bondad que busca esta reforma: que no exista un dispendio de recurso cuando no es necesario… en el momento en que se entregue la constancia de validez y cuando no exista un medio de impugnación, que por ley se determine su cierre, no continuando su operación, ni erogando gastos millonarios”, expuso.
El también morenista Faustino de la Cruz consideró necesario llevar a fondo el tema de la austeridad para que cueste menos la democracia en la entidad, quitar candados y mecanismos que lo hacen obeso y costoso, porque paga la sociedad mexiquense.
“Exhorto que acompañemos esta propuesta para que en definitiva quede marcada la transparencia, en cuanto a normatividad jurídica electoral, y que pueda proceder para los próximos procesos, que sea un ahorro significativo a la sociedad, y que los gobiernos cuesten menos a la sociedad”, indicó.
De la Cruz aprovechó para pugnar porque se aprueben las iniciativas pendientes que también disminuirían los costos democráticos en la entidad, entre ellas la disminución de prerrogativas para los partidos políticos al 50% y la disminución en el número de diputados de representación proporcional en la Legislatura local, pues es un compromiso como legisladores y de la Cuarta Transformación, para ir a fondo en la austeridad, reiteró.
Por su parte, la panista Brenda Escamilla coincidió en que es un sinsentido mantener en operación varios meses más las Juntas en que no se presentaron impugnaciones.
No obstante, el priista Rodolfo Jardón consideró necesario analizar el mecanismo de limitación del funcionamiento de los Consejos cuando concluyan el proceso electoral en todas sus etapas, de tal manera que anticipó que su bancada realizará algunas observaciones a la iniciativa y propuso que se consulte al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para fortalecer la reforma y que ésta incida favorablemente en el desarrollo de los procesos democráticos.
Pese a estos argumentos, la Comisión dejó el dictamen para alguna sesión posterior.