Al cierre, la 60 Legislatura del Estado de México, de mayoría simple morenista, y aquella que llegó a tener mayoría calificada opositora al lado de sus aliados, dejó escapar la posibilidad de legislar sobre temas como la interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios, la eliminación del fuero y la reducción a la mitad del financiamiento público para partidos políticos.
Tampoco se concretó la auditoría externa al ISSEMyM que mandató el pleno, ni creó una nueva ley para fortalecer las finanzas del organismo y que se sancionen los malos manejos del erario en dicho instituto, pero se derogó la reforma que transformaba pensiones en Afores; realizó modificaciones importantes en favor de la paridad para obligar a los organismos públicos a dar a las mujeres la mitad de las altas encomiendas, aunque no han sido acatadas por el Ejecutivo ni el Judicial.
También dispuso que no puedan ser candidatos quienes tengan sentencia ejecutoriada por ejercer violencia familiar, por delitos contra la libertad sexual, por violencia de género en cualquiera de sus modalidades, o por ser deudores alimentarios o agresores, ni quienes hayan incurrido en violencia política de género o intrafamiliar, pero en la contienda electoral pasada no fue posible su puesta en marcha, a pesar de la existencia de denuncias y sentencias en primera instancia en algunos casos.
Por otro lado, La Ley de Amnistía que aprobó la Legislatura saliente incluso fue reconocida por la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin embargo, en la práctica hasta ahora es considerada inoperante por organismos como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, debido a que no se han podido acoger al beneficio las personas privadas de su libertad en los casos en que existen elementos para presumir violaciones al debido proceso, a los derechos humanos, o falsos culpables, independientemente del delito por el que son procesados o fueron sentenciados.
Los diputados salientes también regresaron al pleno la facultad para aprobar las Cuentas Públicas y designaron al frente del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) una titular que no prevenía del grupo en el poder, pero de último momento modificaron el dictamen que proponía no aprobar el manejo financiero del erario que en 2019 se realizó en programas sociales, en el ISSEMyM, UAEM, o a ayuntamientos como Naucalpan, y los respaldaron.
Los legisladores también dejaron pendiente una iniciativa ingresada de último momento por el gobernador Alfredo del Mazo para subastar 22 inmuebles propiedad del ISSEMyM, pero aprobaron la continuidad de la tenencia vehicular que aseguraron desaparecer, el aumento al refrendo, el reemplacamiento periódico de vehículos, todas las solicitudes de deuda del mandatario estatal (aunque con algunos recortes) y la reestructura de más de 43 mil millones de pesos que ya tenía en pasivos.
Cabe mencionar que la actual Legislatura realiza un ejercicio de parlamento abierto con miras a recoger el sentir de la población para crear una reforma integral a la Constitución local, sin embargo, las modificaciones corren el riesgo de frenarse con la pérdida de la mayoría simple de las curules por parte de Morena, fuerza política promotora del ejercicio.
Valentín González, presidente de la Mesa Directiva en el último periodo ordinario, indicó que en tres años la Legislatura saliente aprobó mil 240 asuntos: 764 iniciativas y 476 puntos de acuerdo, muchos de ellos exhortos sin carácter obligatorio.
También se crearon 27 leyes, entre ellas en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que incluye la creación de un Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Investigación y Búsqueda; de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, que busca detonar el desarrollo cultural, social, económico y sostenible de la entidad y generar empleos; para la Protección Integral a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, y para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos.
En materia de género, destacó las reformas para combatir la violencia en contra de las mujeres, para lo cual se creó la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición; y la ampliación de penas de prisión por diversos delitos de género, entre ellos la denominada Ley Ingrid, la sanción a los ataques con ácido, sexting y otros cometidos con ayuda de las nuevas tecnologías.
En cuestiones políticas, avaló la reducción de síndicos y regidores casi a la mitad en los 125 ayuntamientos mexiquenses.
Lo anterior, deja entrever que esta Legislatura histórica, además por ser la primera paritaria (tiene 37 mujeres y 38 hombres como diputados), fue de claroscuros y dejó escapar la oportunidad de realizar reformas para las que bastaba la mayoría simple.