El acuerdo por la integridad del proceso electoral ha resultado insuficiente para contener las intenciones gubernamentales de incidir en los comicios de gobernador, por lo que la Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad urgir al Gobierno mexiquense y a los 125 ayuntamientos a respetar las normas en la materia.
A propuesta del morenista Isaac Montoya, de urgente y obvia resolución los diputados avalaron llamar a las administraciones locales a respetar los criterios jurídicos mínimos para un proceso electoral.
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Entre ellos, la suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la jornada electoral, con excepción de las relacionadas con los comicios, las educativas y de protección civil cuando sean necesarias.
En el mismo plazo, los servidores públicos deberán abstenerse de la entrega de programas sociales en eventos masivos, de realizar altas, bajas y cambios en los padrones de beneficiarios, suspender la entrega de obras concluidas, y deberán resguardar inmuebles y vehículos oficiales durante la jornada.
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El objetivo de la propuesta, planteó el morenista, es exigir al gobernador, titulares de dependencias, 125 ayuntamientos y servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de México respetar las normas electorales y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Recordó que, entre estas conductas, se considera y castiga como grave el desvío de recursos públicos.
El punto de acuerdo además solicita a la Secretaría de la Contraloría y a los órganos de control interno revisar las conductas de los servidores públicos y vigilar que se respete la voluntad del pueblo.
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Por tanto, el llamado apela al gobernador Alfredo del Mazo, a los titulares de las dependencias del Ejecutivo del Estado de México, a los alcaldes y servidores públicos del IEEM a apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante el proceso electoral ordinario.
El objetivo, dijo, es evitar que las autoridades incidan en la equidad de la contienda, y aprovechó para señalar que, históricamente, los beneficiarios de programas sociales han sido amenazados y subordinados a asistir a eventos proselitistas en contra de su voluntad.
“No debe ser motivo de suspensión. Cada programa debe ser ejecutado en estricto apego a reglas de operación, sin amenaza a los beneficiarios”, detalló.
Finalmente, recordó que en 2023 se asignó un presupuesto de 10 mil millones de pesos para desarrollo social, y el mayor porcentaje se destinará al salario rosa.