El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito otorgó la protección de la justicia a Daniel Plácido Arroyo y ordenó al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca dejar insubsistente la sentencia de 65 años de prisión que le fue impuesta por secuestro.
Las ONGs Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y Haz Valer Mi Libertad advirtieron que el ilícito le fue imputado a Plácido Arroyo por tratarse de un individuo pobre y por el color de su piel; caso similar al de otros 19 500 falsos culpables enclaustrados dentro de penales mexiquenses.
Además, este recurso obliga a las autoridades responsables a que “con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, realicen una debida valoración integral y objetiva del material convictivo, con el fin de determinar si se acredita o no la intervención punible del quejoso”.
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También mandató, por unanimidad, resolver en definitiva la situación jurídica del quejoso en ejercicio de su función de tribunal de apelación, conforme a derecho corresponda.
Leidy Plácido, hermana de Daniel, advirtió que la determinación es una oportunidad para que Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Estado de México, recomponga los errores cometidos por la administración de justicia en este caso y muchos más en los que se ha criminalizado la pobreza, la ignorancia y la juventud.
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El Tribunal Colegiado advirtió que el Tribunal de Alzada realizó una valoración indebida de las pruebas de descargo, pues desacreditó los testimonios de seis personas que coinciden en que el día de los hechos (18 de septiembre de 2015) el sentenciado estuvo en un lugar distinto.
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También se advierte que la detención no fue en flagrancia, sino 15 días después: “La víctima señaló que vio en la calle por unos segundos al acusado y lo reconoció; después, los policías captores realizaron la investigación y obtuvieron una foto del sentenciado, la cual mostraron al pasivo, y de ahí partió la identificación del inculpado”.
Leidy Plácido recordó que su hermano fue detenido el 5 de noviembre de 2015 afuera de su casa, sin orden de aprehensión (a la fecha, no aparece el video de la audiencia en que esta fue otorgada), por hombres vestidos de negro que no se identificaron y después se supo eran agentes ministeriales.
La víctima indicó que lo reconoció porque era moreno y vestía ropas mugrosas. Leidy comentó que la playera de Daniel estaba llena de grasa porque atendía una vulcanizadora y porque apoyaba a su papá con sus labores de herrería.
Para obligarlo a declararse culpable, indicó que fue golpeado, a tal punto que existe certificado del médico legista para probar que casi le rompieron el omóplato; y psicológicamente amenazado con agredir a su esposa y desaparecer a sus hijos. Daniel nunca accedió porque aseguró no haber cometido el delito.