Para Morena es ridículo que las autoridades electorales federales impidan la celebración de mítines en el Estado de México y Coahuila cuando ni siquiera ha comenzado el proceso electoral.
Mario Delgado, presidente nacional, consideró que las medidas cautelares aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que además incluyen la advertencia de sanciones a liderazgos morenistas por participar en actividades públicas del partido, también son excesivas.
“Me parece que la autoridad electoral está rebasando su campo de responsabilidad. Están haciendo a un lado la Constitución y claramente se evidencian como autoridades parciales. Se están coartando los derechos políticos de las y los militantes y simpatizantes de Morena”, planteó.
Para el morenista, ambos órganos se extralimitan al impedir la participación de sus liderazgos en eventos públicos y en asambleas informativas cuando no hay proceso electoral alguno en marcha. Por tanto, apuntó que es ridículo decir que Morena está realizando actos anticipados de campaña.
Bajo estas consideraciones, pidió al Tribunal Electoral “que la resolución de fondo respete las garantías y derechos constitucionales” que permiten a Morena, como partido político, celebrar “reuniones pacíficas, hacer asambleas, discutir nuestras ideas y promover nuestro proyecto”.
Indicó que Morena “no tiene la culpa de que la oposición no sea capaz de hacer una reunión en cualquier plaza pública del país o de que no pueda convocar a reuniones, o de que no tenga liderazgos”.
Por eso, expuso que los integrantes del partido guinda seguirán defendiendo su libertad y sus derechos políticos para que “nunca más haya restricciones autoritarias como las que hoy vergonzosamente las autoridades electorales están tratando de imponer”.
Las decisiones del INE y del TEPJF se desprenden de la congregación de la unidad que Morena realizó el mes pasado en Toluca, la capital del Estado de México, y replicó después en Coahuila; en estos mítines reunió a personajes considerados “presidenciables” y aspirantes a las respectivas gubernaturas, lo que la oposición ha calificado como supuestos actos anticipados de campaña.