El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México y sancionar con hasta 7.5 años de prisión las amenazas dirigidas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Una reforma con dientes
La propuesta, impulsada por la diputada Ruth Salinas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, establece que la sanción será mayor cuando la amenaza:
- implique la comisión de un delito grave,
- se realice de forma anónima o por redes sociales,
- se haga con armas o con participación de varias personas,
- o provenga de servidores públicos abusando de su cargo.
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Además, se plantean sanciones diferenciadas:
- Hasta 3 años de cárcel por amenazar con causar daño a la persona, su familia, bienes, honra o derechos.
- Hasta 2 años si el mal anunciado no es delito, pero genera temor fundado.
- Hasta 5 años cuando la amenaza implique un delito grave.
Las penas podrían aumentar hasta en la mitad con agravantes y, si la amenaza se cumple, se acumularían las sanciones correspondientes.
Cifras alarmantes
La legisladora recordó que, entre mayo de 2023 y julio de 2025, el Mecanismo estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras documentó 232 agresiones, de las cuales 32 fueron amenazas cumplidas (23 contra defensores y nueve contra periodistas).
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Un estudio de la Universidad La Salle señala que 54% de las agresiones provienen de servidores públicos, lo que resulta particularmente preocupante.
Protocolo y directorio preventivo
La iniciativa también contempla:
- La obligación de las corporaciones policiacas de elaborar y aplicar un protocolo de protección para periodistas y defensores, actualizado de acuerdo con estándares internacionales.
- La creación de un directorio de contacto voluntario y confidencial para la localización inmediata en situaciones de riesgo.
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“Tipificar el delito de amenazas constituye un paso importante para salvaguardar derechos y evitar vulneraciones cotidianas”, sostuvo Salinas.