La Secretaría de Seguridad del Estado de México aceptó la Recomendación 04/2019 de la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codhem), emitida por el fallecimiento de dos internos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Sergio García Ramírez”, ubicado en Chiconautla, municipio de Ecatepec.
El ombudsman mexiquense, Jorge Olvera, confirmó que recibió comunicación oficial de aceptación por parte de la secretaria Maribel Cervantes, quien consideró pertinente aceptar la recomendación en todos y cada uno de sus términos, por lo que designó al director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, para realizar todas y cada una de las acciones que den cumplimiento íntegro a las sugerencias.
Olvera García confió en que “las recomendaciones son grandes oportunidades para prevenir violaciones a los derechos humanos y mejorar la actuación de las instancias de gobierno”.
Este documento fue dirigido el pasado 07 de mayo a la secretaria de Seguridad de la entidad, Maribel Cervantes; al subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, y al director general de Prevención y Reinserción Social estatal, Jaime Echartea, por el elevado riesgo e inseguridad que prevalece al interior del centro penitenciario, lo que posibilitó la muerte de dos internos en eventos separados.
La Recomendación se desprende de la denuncia, vía redes sociales, de familiares de un joven fallecido a principios de mayo, quienes interceptaron el vehículo en que era trasladado el cadáver, mostraron que el cuerpo presentaba algunas marcas y advirtieron que la muerte no fue ocasionada por intoxicación por consumo de sustancias ilícitas sino por “tortura”, presuntamente cometida por personal de custodia del penal. Por estos hechos, dos custodios fueron puestos a disposición del Ministerio Público y son investigados.
La otra muerte se registró el 13 de abril tras la desaparición de un joven de 22 años al interior del penal que luego fue hallado sin vida.
La defensoría de habitantes consideró que ambos hechos revelan “el elevado grado de riesgo e inseguridad que prevalece al interior del centro penitenciario”, por falta de acciones efectivas para evitarlos e inadecuada gestión penitenciaria al no prevenir ni mantener el orden y control.
La Recomendación dio un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la aceptación de la Recomendación, para documentar las gestiones con las que se garantice la rehabilitación y la compensación a los familiares de las víctimas.
En el mismo plazo, las dependencias involucradas deben agregar copias de la resolución de ambos casos a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal, y a los expedientes administrativos de los órganos internos de control para identificar las responsabilidades por la tolerancia, acción y omisión del personal penitenciario.
En un plazo de 30 días también deberá instruirse al personal directivo y administrativo que en ninguna circunstancia puede descuidar la seguridad personal de los internos; ponderar la incorporación de más recursos humanos; e implementar medidas para abatir el hacinamiento y la sobrepoblación con pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos.
Sin afectar las visitas de sus familiares, además la autoridad recomendada deberá realizar la reubicación de los internos bajo los criterios de selección con enfoque garantista y protector, a partir de un diagnóstico derivado de la realización de un censo, e impartir cursos de capacitación en derechos humanos al personal del centro penitenciario.
“Al documentar actos violentos que culminaron en la muerte de dos personas en circunstancias reprensibles ante la falta de seguridad al interior del establecimiento carcelario”, la Codhem también resolvió que las autoridades deben compensar a los familiares de las víctimas, brindarles atención médica, psicológica o tanatológica y procurar la máxima protección, trato digno y no revictimización.
De igual manera, deben ponderar la incorporación de recursos humanos e implementar medidas para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación, a fin de que no vuelva a afectarse el derecho de las personas privadas de libertad a una estancia digna y segura.
La Codhem ya había emitido la Recomendación 2/2018 para que la autoridad responsable retomara el control efectivo de los centros penitenciarios a fin de “prevenir cualquier riesgo a la seguridad e integridad de la población carcelaria.”
Los penales estatales de Chiconautla y Chalco, reconoció Olvera García, son de los que más quejas reciben por presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque los de Nezahualcóyotl y Almoloya de Juárez también son de los más conflictivos.