Ocho de los diez finalistas para la Fiscalía mexiquense son corresponsables de la crisis en procuración y administración de justicia en el Estado de México, por lo que no se puede esperar un cambio positivo con su nombramiento, alertó la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C.
Por esta razón, llamó al gobernador Alfredo del Mazo y a los diputados locales a respetar la autonomía de la dependencia y no avalar una “estructura corrupta” heredada por Alejandro Gómez Sánchez.
José Humbertus Pérez, fundador de PIDH, indicó que de la lista con que se integrará la terna, sólo Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, no tiene antecedentes en la Fiscalía, por lo que podría resultar la mejor opción si se desea combatir la corrupción, impunidad y los elevados índices delictivos.
Para Pérez Espinoza, Tellez tiene la ventaja de que, como responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia penal-acusatorio en el país, reconoce sus pendientes, conoce sus debilidades y ha advertido sus deficiencias.
Tampoco Edmundo Garrido Osorio tiene antecedentes en la Fiscalía mexiquense, pero fue procurador del Distrito Federal durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, y en 2019, recordó, fue acusado de manipular las cifras de incidencia delictiva para simular una reducción constante.
El resto de los finalistas tiene antecedentes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo que desde el punto de vista del activista no es garante de autonomía y, menos aún, de buenos resultados. “La autonomía, refirió, no está en la cargada, por la cantidad de candidatos que vienen de la Fiscalía y la falta de perfiles ciudadanos”, lamentó.
Tanto la postulación de Garrido Osorio como la de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal para la atención de Delitos por Violencia de Género, para José Humbertus Pérez habla de la distribución del pastel entre “aliados” (PRI-PAN-PRD).
Lo anterior, tras recordar que los orígenes de esta funcionaria son panistas, pues fue designada coordinadora para la atención de delitos de género en la Secretaría de Gobernación por su ex titular Francisco Blake Mora. “Está vinculada a Felipe Calderón”, consideró.
Sobre José Luis Cervantes Martínez, hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo y a quien se atribuyen vínculos familiares con los peñistas Raúl Cervantes, ex procurador general de la República; Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico; y Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador estatal y ex comisionado para la seguridad en Michoacán, recordó que antes de ser postulado como magistrado local por el ex gobernador Eruviel Ávila, fue subprocurador de Tlalnepantla.
Como tal, señaló, sostuvo las irregularidades del sistema vigente, además de que, en su propuesta de programa, se advierte un discurso acorde al sistema de justicia anterior que pasa por alto el principio de presunción de inocencia.
De Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal antisecuestros, lamentó que ha privilegiado la detención e imputación de falsos culpables, a pesar de la que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó desde la Cuenta Pública 2015 que esta dependencia mexiquense cuenta con todos los aparatos tecnológicos para dar buenos resultados.
Pérez Espinoza vincula a la ex magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal, coordinadora general para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, con la ex consejera jurídica estatal Luz María Zarza Delgado; y advierte que fue una de las funcionarias que suscribió convenios de profesionalización de los operadores de justicia para implementar el nuevo sistema, sin que ello haya ocurrido.
Respecto a Esther Nolasco Núñez, fiscal regional de Nezahualcóyotl, indicó que como responsable ha permitido que proliferen dentro de la institución cotos coludidos con bandas delincuenciales, como el policía Ernesto Ricardo Becerra Arellano, quien se atribuye su detención y existen indicios que lo vinculan a una banda de asaltantes a transporte de carga.
Mario Salas Ortiz, actual encargado de la FGJEM y fiscal Central de Atención Especializada, consideró, al ser una de las manos derechas del fiscal saliente, sólo garantizaría continuidad.
Con Alonso Lira Salas como como fiscal regional, señaló, se comenzó a desdibujar la delincuencia en la zona de Toluca, fenómeno que se ha prolongado con Mario Marín Colín, quien lo sucedió en la encomienda.
Por estas razones, apeló a la reflexión de quienes elegirán al titular de la FGJEM para los siguientes nueve años.