Debido a que no existe ninguna norma que regule el pago de honorarios a profesionistas en derecho y costas procesales, el Poder Judicial del Estado de México presentó una iniciativa de ley sobre estos pagos, en aras de evitar los abusos y/o la falta de pago.
La iniciativa de Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Profesionistas en Derecho y Costas Procesales fue presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi.
El ordenamiento busca regular el pago de honorarios o costas procesales que se generen por el patrocinio jurídico derivado de juicios, procesos o gestiones seguidas ante tribunales o autoridades que correspondan.
El documento explica que el establecimiento de un arancel o monto para el pago de honorarios de los profesionistas en derecho que presten sus servicios en aquellos asuntos o negocios que puedan implicar o impliquen una posible controversia judicial constituye una necesidad apremiante, tomando en consideración que en la mayoría de los casos los profesionistas y sus clientes no celebran un contrato de prestación de servicios por escrito o no se prevé el monto de los honorarios ni la forma de pago.
Esta norma pretende suplir la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Procesales en el Estado de México, que data de enero de 1962 y cuyo contenido ya se considera obsoleto y deficiente, pues incluye montos anacrónicos fuera de contexto social y económico, además de que resulta compleja en su aplicación al establecer fórmulas de difícil comprensión para su cálculo.
La nueva ley, que será analizará y dictaminada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, contempla el pago de los honorarios que deberán cubrirse a los profesionistas en derecho por su intervención en asuntos o negocios de carácter prejudicial; es decir, aquellos que pueden implicar una controversia jurisdiccional sin llegar a esta.
Además, plantea cambios para los casos de los pagos de honorarios, de asuntos o negocios de cuantía determinada, el principio de la autonomía de voluntad, índice o base económica para el pago de honorarios y costas, honorarios más justos y equitativos, entre otros aspectos.