El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) acusó que el Poder Judicial del Estado de México desacata la Ley de Amnistía local por su negativa a reconocer los errores y abusos cometidos contra quienes han sido detenidos a pesar de ser inocentes.
Ante esto, llamó a los tres órdenes de gobierno e instancias internacionales a contribuir para que la norma se aplique.
José Antonio Lara Duque, abogado del organismo, indicó que el Poder Judicial estatal, a cargo del magistrado Ricardo Sodi, viola el espíritu de la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, en los casos en que la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (Codhem) ha reconocido violaciones serias al debido proceso de decenas de personas, hoy todavía presas.
“No está siendo aplicada de forma correcta, por la cerrazón y el empecinamiento de un sector del Poder Judicial mexiquense que se niega a reconocer que ha habido errores, excesos y abusos en contra de personas inocentes y que hoy se encuentran en prisión de manera injusta”, expuso.
Lara Duque denunció, de igual manera, la existencia de intereses políticos en el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo, para desvirtuar la norma, por lo que llamó a estar atentos.
“No podemos estar sometidos a caprichos políticos y que se insista en dejar en prisión a quien no debe”, expresó.
El además cofundador del Zeferino Ladrillero recordó que, de manera inédita en la historia del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador adhirió a sus cien compromisos de campaña una Ley de Amnistía, al reconocer “como nunca antes que existían personas injustamente privadas de su libertad en las prisiones del país”.
Por eso, dijo, “es urgente que el ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, intervenga en favor de las personas injustamente privadas de su libertad para que se aplique de manera correcta el instrumento que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) han saludado”, dijo.
El especialista en la defensa de las garantías individuales en México recordó que ambos organismos internacionales respaldaron la propuesta que, en su momento, realizó López Obrador, pero hoy se encuentra en riesgo.
La ONU, expuso el defensor, también reconoció la Ley de Amnistía del Estado de México como un marco jurídico de avanzada en materia de derechos humanos, al incluir la posibilidad de que obtengan su libertad quienes, siendo inocentes, de manera injusta se encuentran recluidos en los penales mexiquenses.
Por esta razón, consideró necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Legislativo y el presidente López Obrador “intervengan de manera urgente e inmediata, antes de que esta promesa a las garantías individuales de las personas genere un impasse ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que México está suscrito”.