El Poder Judicial del Estado de México solicitó a la Legislatura local le asigne en 2020 un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos, y no los 3 mil 936 millones que contempla el proyecto de Paquete Fiscal, a pesar de que significan más de 500 millones que los asignados este año (3 mil 434 millones).
El Poder Judicial estatal se ha mostrado reticente a disminuir los salarios de los magistrados para que ninguno gane más que el presidente de la República, no acató el exhorto de los diputados para reponer el proceso de selección de diez magistrados, y mantiene una disputa jurídica con el Congreso local y el Ejecutivo por la disminución de 300 millones de pesos en su presupuesto 2019.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura mexiquense, indicó que la solicitud de aumento presupuestal fue el único tema del encuentro sostenido el pasado lunes con integrantes del Consejo de la Judicatura encabezados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza.
El principal criterio del Tribunal para respaldar su solicitud, se basa en la disposición constitucional de que su presupuesto no puede ser menor al 2% del presupuesto que se apruebe. “Es un argumento que debemos definir, si se refiere al dos por ciento del presupuesto total, o el presupuesto de los recursos propios del estado”, dijo el además coordinador del grupo parlamentario de Morena, en alusión a que 80% de los recursos provienen de la federación y ya están etiquetados.
Medina Peñaloza, prosiguió, además justificó una mayor carga de trabajo derivado de la atracción de facultades para resolver juicios laborales, y la apertura de cinco juzgados en las zonas con mayor carga laboral, por lo que será necesaria la “contratación de personal, capacitación, generar gasto corriente que tiene que ver con los emolumentos, la operación permanente”.
Otro de los argumentos, manifestó, se basa en la necesidad de más jueces, pues en la entidad hay 2.5 por cada cien mil habitantes, mientras la media nacional es de 4.5.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena reconoció que los diputados están conscientes de que las nuevas responsabilidades que implica la reforma laboral; sin embargo, consideró debe revisarse si se justifica la petición:
“Hay que revisar si se justifica, porque si se quieren recuperar niveles salariales, tendríamos una posición distinta, pues si algo se trata de controlar es el Capítulo Mil, gasto corriente, donde van los salarios”, apuntó.
Por esta razón, advirtió que antes de determinar si se accede a la petición que implica más de mil millones extras a lo propuesto, se revisará a dónde se orientará el recurso, pues no apoyarán aumentos salariales de la alta burocracia.
“Necesitamos ir al fondo conociendo los programas, los capítulos o pilares del presupuesto, saber concretamente a dónde se está orientando el recurso que están solicitando”, dijo.