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Publicado en EDOMÉX

Por unanimidad designan a José Luis Cervantes Martínez, nuevo Fiscal del Estado de México

Jueves, 10 Marzo 2022 14:58 Escrito por  Veneranda Mendoza

José Luis Cervantes Martínez, hijo del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Ernesto Zedillo, Enrique Cervantes Aguirre; y primo de Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de Enrique Peña, y de Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador mexiquense, comisionado especial en Michoacán y ex titular de la Conade, fue designado fiscal general de justicia del Estado de México durante los próximos nueve años.

El designado se desempeñaba, desde el primero de febrero de 2019, como magistrado del Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal con sede en Texcoco; desde 2015, fue magistrado del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal con sede en Tlalnepantla, con la postulación “por cuota” del entonces gobernador Eruviel Ávila.

A nivel federal, fue Jefe para Asuntos Especiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Encargado de Proyectos Especiales. También integrante de la agregaduría Regional en San Antonio, Texas, E.U.A.; y agregado regional adjunto y encargado del despacho en la Agregaduría Legal en Washington D.C.

Dentro de la administración estatal, fungió como Subprocurador Regional de Justicia en Tlalnepantla, Fiscal Regional en Tlalnepantla, y Subprocurador General de Justicia del Estado de México.

El nuevo fiscal fue avalado por unanimidad de la Legislatura mexiquense, de entre la terna del gobernador Alfredo del Mazo integrada además por Edmundo Garrido, ex procurador de Justicia del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera; y por Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador Antisecuestros de la FGJEM.

En la terna, quedaron excluidas las cuatro mujeres que pasaron a la etapa final, de una lista de diez candidatos integrada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) anticipó que impugnará el proceso de designación por faltar al principio de paridad de género y por no presentar su certificación de confianza como operador del sistema de justicia oral, adversarial y acusatorio, además de promover una lluvia de amparos contra la determinación.

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