Al presentar su informe anual de actividades ante la Legislatura local, Alejandro Gómez, fiscal de justicia de la entidad, llamó a los diputados a pensar bien los criterios para construir una Ley de Amnistía del Estado de México y despresurizar los penales estatales, a fin de que se contemplen todas las etapas de la procuración y administración de justicia, pues los beneficiarios de la federal serán pocos, tomando en consideración que, principalmente, contempla a indígenas procesados sin traductor o a implicados en narcotráfico, obligados por grupos criminales.
El abogado de la entidad indicó que, en el último año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recibió 77 700 personas puestas a disposición por la comisión de delito flagrante (60 mil el año pasado), y se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 4 446 personas. Del total, 3 481 por delito de alto impacto, lo que representa 18% más que el año anterior.
Además, fueron vinculados a proceso 11 969 personas, 16% más que en el mismo periodo del año anterior.
Se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de 7 774 personas, 6 390 por delitos de alto impacto (generalmente con violencia).
En el Estado de México, manifestó, ya existen 31 mil Personas Privadas de su Libertad (PPLs), lo que propicia un hacinamiento muy importante en las cárceles estatales.
De allí, dijo, la importancia de la Ley de Amnistía del Estado de México, pues la federal refiere beneficios, básicamente, por delitos de narcomenudeo o narcotráfico obligado por organizaciones criminales, o a indígenas que no tuvieron la posibilidad de apoyarse por un traductor, no gozaron de procedimientos apegados a la ley, o por delitos patrimoniales, que a fin de cuentas, son los menos.
Indicó que los diputados deben ser cuidadosos con la construcción de la norma para contemplarla en su integralidad, desde el papel de la FGJEM, los MPs y el Poder Judicial, para no colapsar tribunales ni penales.