El grupo parlamentario de Morena propuso modificar la denominada Ley Sabina del Estado de México para, entre otras cosas, prohibir a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias aspirar a cargos de representación popular.
La diputada Karina Labastida, autora de la iniciativa para modificar la Constitución, el Código Civil, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley del Notariado, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de México, también dispone como necesario para realizar diversos trámites y procedimientos presentar el certificado de NO inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
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De ser aprobados los cambios, en lo sucesivo será requisito para aspirar a cargos de representación popular como la gubernatura, alguna diputación, miembro de ayuntamiento, magistrado o aspirante a notario, no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; esta dispoisición aplica para propietarios y suplentes.
La legisladora indicó que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos puede ser catalogado como un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los deudores alimentarios que incumplan con sus obligaciones.
El objetivo es que las personas obligadas al pago de alimentos no persistirán en el incumplimiento, por lo que constituye una herramienta de protección para salvaguardar los intereses de la familia en materia de alimentos y fomenta una cultura de legalidad en la materia y de solidaridad familiar.
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Labastida Sotelo recordó que el Tercer Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México enlista entre los asuntos que se tramitan con mayor frecuencia los juicios de pensión alimenticia; tan solo en 2022, se tramitaron 12 mil 362 juicios, a pesar de que el incumplimiento de la obligación de la pensión es un delito.
“La información reportada por el director general del Registro Civil del Gobierno del Estado de México consigna que desde su creación a la fecha, han sido inscritas un total de 561 personas como Deudores Alimentarios Morosos, de éstas 534 han sido hombres y 27 mujeres; es decir, 95 por ciento de los deudores alimentarios, son hombres”, señaló.
Así, la propuesta de reforma contempla la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el objetivo de concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y utilizar los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella se integre el registro.
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Una vez que esto ocurra, será necesario presentar el certificado de NO inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones como la obtención de licencias y permisos para conducir, de pasaporte o documento de identidad y viaje, para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular y en cualquier proceso de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.
Este documento también será necesario para los trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, solicitudes de matrimonio donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto de sus obligaciones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.