A fin de garantizar que la amnistía en el Estado de México no se vea entorpecida por las condiciones de precariedad de algunos detenidos de manera injusta, el diputado morenista Max Correa propuso a las organizaciones sociales que este día instalaron el Observatorio Ciudadano de la ley local en la materia integrar un fondo para costear las reparaciones del daño.
En tanto, también la Legislatura mexiquense instaló la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, en donde se comprometió la participación de este sector de la sociedad a través del parlamento abierto.
Fabiola Vitte, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), reconoció que algunos de los injustamente presos siguen en prisión por falta de recursos, pues los procesos jurídicos que se les siguen han acabado con sus patrimonios, o están en situación de pobreza, por lo que confió que su libertad también se agilice con la integración de este fondo propuesto por Correa Hernández.
El Observatorio Ciudadano de la Amnistía del Estado de México será integrado por organizaciones locales, nacionales e internacionales especializadas en materia de defensa de los derechos humanos de los injustamente presos, entre ellos el CDHZL, Hazme Valer, CEA Justicia Social, Justicia Transnacional México, Embera Canadá, y Mariano Beltrán, observador independiente.
Citlalli Cleto, a quien se encomendó la representación del proyecto, precisó que la intención es rendir un informe bimestral sobre la aplicación de la norma, señalar si camina o no, por qué razones, y qué debe corregirse en los procedimientos para que la amnistía a quienes fueron procesados y sentenciados de manera injusta sea una realidad.
En tanto, Mariana del Valle, del Centro de Estudios y Acción (CEA) para la Justicia Social, advirtió que la amnistía necesariamente debe acompañarse de un plan emergente de acciones de reinserción social para restituir los derechos humanos de las personas liberadas, lo que incluye estrategias que empiezan con el hecho de que al salir de los centros penitenciarios las personas liberadas tengan acceso a transporte para regresar a sus comunidades, alimentación, un refugio para quedarse y garantizar su higiene personal, etc.
Cecilia, de Embero Canadá, recordó que la finalidad de esta organización es probar la inocencia de los detenidos injustamente. La fabricación de culpas, destacó, no debería existir. "Nos llena de vergüenza como sociedad. Los inocentes no deben estar en la cárcel. (México) es una fábrica de detención de personas non gratas y de estadísticas con finalidad política", consideró.
Desde su punto de vista, para garantizar que este fenómeno no se replique, es necesario, más que profesionalizar, humanizar a quienes están en la procuración y administración de justicia, pues siendo inocentes "hay quienes están en la cárcel sin tener a nadie que les ayude, quienes perdieron la confianza en la humanidad y en sí mismos".
Por su parte, Mariano Beltrán, observador independiente de España, calificó como una dinámica perversa del Estado pretender que una persona deba demostrar que es inocente, en lugar de que la carga de prueba la tenga la demostración de culpabilidad.