El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso sancionar con hasta 30 años de prisión los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. La iniciativa presentada por el diputado Margarito Gonzáles pretende reformar el Código Penal del Estado de México en su Título Sexto, relativo a los delitos por hechos de corrupción, al considerar que, en la actualidad, la norma es muy laxa y establece penas risibles para quienes incurren en estas conductas.
Conforme al planteamiento turnado a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen, el enriquecimiento ilícito será sancionado con penas que van de 3 a 20 años de prisión, y de 100 a 500 días multa, de acuerdo con el monto obtenido, además del decomiso de bienes cuya procedencia no se logre acreditar, y la aplicación de extinción de dominio. El cohecho cometido por legisladores estatales o integrantes del Ayuntamiento, que en el ámbito de sus competencias y ejercicio de sus funciones o atribuciones exija una comisión, dádiva, contraprestación o promoción personal, obtendría de 3 a 18 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como la destitución e inhabilitación, de acuerdo con la cantidad o valor de la dádiva, bienes, promesa o prestación.
Por el delito de peculado, las penas son de 3 a 15 años y de 100 a 500 días multa, de acuerdo con el monto de los fondos utilizados indebidamente, así como la destitución e inhabilitación. Y cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones del Estado para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta la mitad adicional de las penas señaladas. A quien, en nombre de un servidor público, solicite dinero, valores, servicios o cualquier otra dádiva, en los casos referidos por delitos de cohecho, concusión y tráfico de influencia, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 500 días multa.
Por ejercicio abusivo de funciones para obtener beneficios económicos personales o para sus parientes, definen de 2 a 15 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como la destitución e inhabilitación. A quien cometa el delito de intimidación, se le impondrán de 4 a 12 años de prisión y de 30 a 100 días multa, y la destitución e inhabilitación correspondiente. Por utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener la entrega de fondos o valores, serán sancionados con de 3 a 11 años de prisión y de 100 a 2 000 días multa, destitución e inhabilitación, de acuerdo con la cantidad o valor obtenido.
Para delitos cometidos por funcionarios de procuración y administración de justicia, las penas van de 3 a 10 años de prisión y de 70 a 1 000 días multa, así como destitución e inhabilitación. Al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente el servicio de procuración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 4 a 8 años y de 1 000 a 2 000 días multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
También considera sanciones por abuso de autoridad a quien, sin causa justificada, remita a algún corralón o depósito para su resguardo, uno o más vehículos, y a quien autorice o expida licencia para venta de bebidas alcohólicas, sin que se hayan cumplido las disposiciones reglamentarias, que conllevarían hasta 7 años de prisión. En tanto, los delitos cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de la Legislatura estatal, sean designados por el titular del Gobierno del estado o por los titulares de las dependencias, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.
González Morales admitió que hay poca efectividad del Sistema Anticorrupción en el Estado de México y Municipios, pues desde 2017 no existen procedimientos penales contra riqueza injustificada de servidores públicos o actos de corrupción: “Desafortunadamente, el Sistema ha mostrado poca efectividad, por ello proponemos una reforma al Código Penal, a efecto de endurecer las penas por delitos de corrupción”, explicó. El morenista expuso que el daño que estos delitos le causan a la sociedad es enorme y ha traído años de crisis, impunidad y falta de desarrollo, provocando desconfianza ciudadana en las instituciones y, además, fomenta la impunidad.